"Pseudoinforme integrista, sectario e indecente"
La mayoría de los nueve consejeros que votaron en contra del texto sobre la regulación del matrimonio gay, además de recordar el carácter alegal del documento, intervinieron en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para criticar el documento y avalar una ley acorde con la evolución social.
Especial energía expresa el voto particular del vocal propuesto por CiU, Alfons López Tena, que califica el texto aprobado de un "pseudoinforme ilegal que usurpa un órgano constitucional para hacerle adoptar unos pronunciamientos con un contenido constitucionalmente ignaro, jurídicamente falaz, intelectualmente deshonesto, ideológicamente integrista, políticamente sectario y humanamente indecente".
El vocal Luis Aguiar elaboró un voto particular suscrito también por los otros cinco consejeros, como él, propuestos por el PSOE, y el promovido por IU, que reprocha a la mayoría la concepción del matrimonio que late en su texto, "asentada en criterios tradicionales (...) que no se corresponden con la evolución que en este punto se ha producido en la conciencia social".
Aguiar critica también el énfasis que pone "en los fines reproductivos del matrimonio" y el conservadurismo de algunas "perlas", como cuando descalifica a los gays y lesbianas mediante la alusión a la supuesta "inestabilidad -emocional- que caracteriza sociológicamente a las parejas homosexuales".
Montserrat Comas aseguró que "privar de la denominación de matrimonio a las uniones homosexuales sería discriminarlas" y negó que el proyecto de ley desnaturalice o adultere el matrimonio, "ya que, por el contrario, lo refuerza, por lo que los partidarios del matrimonio debían felicitarse". Por su parte, Ángeles García aseguró que las Constituciones española y europea y los tribunales Constitucional y de Estrasburgo "dejan libre al legislador para que regule las uniones homosexuales como matrimonio o como uniones legales asimilables".
En cambio, José Gabaldón, presidente del Foro Español de la Familia, pidió ayer al Gobierno que retire el proyecto de ley y abra "un proceso de diálogo y consenso con las organizaciones familiares".
