¿Quién regula la patata caliente del P2P?

La norma comunitaria sobre Internet no aportará ninguna luz al debate nacional sobre el control del intercambio de archivos entre particulares (el llamado P2P). Los sucesivos Gobiernos ?primero del PP y luego del PSOE? han esquivado este asunto, ante la impopularidad de cualquier restricción a la libertad en Internet, una de las pocas causas con poder movilizador.

En esa línea, el último Gobierno socialista salido de las urnas, en marzo de 2008, dejó en manos de la industria cultural y de los operadores de acceso a Internet (ISP) la responsabilidad de sacar adelante una regulación de consenso. Como era de esperar, no hubo tal acuerdo. Redtel, que agrupa a los ISP, rompió las negociaciones el pasado mes de abril, y devolvió al Ejecutivo la responsabilidad de legislar.

La otra parte en discordia, la llamada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, que representa a las sociedades de gestión de derechos, y la industria discográfica y cinematográfica, ha realizado una propuesta de mínimos, en la que renuncia al sistema de avisos y corte de conexión para los internautas particulares y propone que el Gobierno regule únicamente la persecución de las páginas web que facilitan los enlaces que permiten esas descargas.

Por el momento, el Ejecutivo se ha mantenido como convidado de piedra en este debate. Ayer mismo, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, tras asegurar que el Gobierno no tiene intención de aplicar medidas semejantes a las de países como Francia o Estados Unidos, emplazó a la comisión interministerial creada recientemente a que proponga fórmulas para luchar por el respeto a la propiedad intelectual.

Curiosamente, tanto el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, como un portavoz de la Coalición de Creadores saludaron el acuerdo alcanzado en la UE con idénticas palabras: "Moderada satisfacción". Domingo recordó que la norma europea "no cambia nada" hasta que no se modifique la ley española, mientras que desde la Coalición indicó: "La norma respalda plenamente nuestra postura y facilita el trabajo al Gobierno para que aplique la recomendación de la UE de que es prioritario garantizar la defensa de propiedad intelectual en Internet".

A falta de una legislación específica, los tribunales, en varias sentencias, han adoptado la doctrina de la Fiscalía General del Estado que considera legales las descargas de archivos protegidos, como películas o canciones, que realicen particulares siempre que no exista un ánimo de lucro.

Los juzgados también habían rechazado los procesos contra los propietarios de web de enlaces que facilitan esas descargas, archivando procesos como el del caso Sharemula. Sin embargo, el pasado septiembre, la Audiencia Provincial de Murcia reabrió el proceso de la web Elitedivx.com por posible vulneración de la propiedad intelectual después de que fuese archivado por un juez de instrucción.