Ingresan en la modelo de Barcelona tres responsables de Renta Catalana
Ignacio Baquer Miró, Eduardo Guillén Ulloa y Félix María Millet Tusell han ingresado en la cárcel Modelo de Barcelona, acusados de un presunto delito de estafa supuestamente cometido en la gestión de la inversora inmobiliaria Renta Catalana. La orden de prisión fue decretada por el magistrado juez José María Flors Maties, titular hasta ayer del juzgado de instrucción número 7, como conclusión a la instrucción del voluminoso sumario 150 de 1981.El pasado 30 de abril el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona dictó un auto de procesamiento contra Ignacio Baquer Miró, Eduardo Guillén Uloa, Félix María Millet Tusell y Antonio María Baquer Miró, responsables de la empresa inmobiliaria e inversora Renta Catalana. En el mismo auto de procesamiento se contempla la actuación en la sociedad de Josep Maria Trias de Bes y Joaquim Molins, diputados dle Convèrgencia Democrática de Cataluña, y se acuerda trasladar su caso al Tribunal Supremo, por si se considera que su actuación pudiera ser constitutiva de delito.
El auto dictado por el juezconcluye asegurando que los hechos descritos son constitutivos de un delito de estafa y que procede imponer a los procesados una fianza de diez millones de pesetas, y como responsabilidad civil subsidiaria se señalan 1.000 millones de pesetas.
Sólo se pudo detener a Antonio María Baquer Miró, a quien se trasladó al juzgado y se le comunicó su situación; Baquer Miró entregó una fianza de diez millones de pesetas y se le tomó la declaración indagatoria, dejándosele posteriormente en libertad provisional.
Renta Catalana surgió en 1972 de la mano de los hermanos Baquer Miró y en un momento de euforia inmobiliaria. Dos años después, y cuando empezaban a registrarse en España los primeros desastres inmobiliarios -entre ellos Sofico-, Renta Catalana fue escenario de una pugna interna. Mientras por una puerta salían algunos de los fundadores de la firma, por otra entraban Félix María Millet Tusell, Josep Trias de Bes y Joaquim Molins, tres prohombres de la vida social catalana relacionados con el partido de Jordi Pujol.
En 1978, ante las dificultades económicas de la inversora y la imposibilidad de entregar los intereses a los clientes, el consejo de administración adoptó la decisión de convertir a los cuentapartícipes en miembros de la sociedad anónima.
La operación finalizó con un argumento increiblemente lógico: "Ustedes ahora son socios de una sociedad que no tiene beneficios y, por tanto, no podrán cobrar intereses".
Con esta operación se eludían las responsabilidades contraidas con cerca de dos mil inversionistas, pero se provocó a continuación una lluvia de querellas que fueron a parar a numerosos juzgados de Cataluña. Con el paso del tiempo las acciones judiciales se han llegado a la mesa del magistrado Flors Maties, quien después de una, minuciosa instrucción ha decidido dar por concluida la causa y enviar a la cárcel a los principales responsables.
