Rajoy condiciona el pacto por la energía a la continuidad de Garoña

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado este martes ante alcaldes y concejales del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) que condicionará el "pacto energético" que el Gobierno planea entre las principales formaciones políticas a la anulación de la orden de cierre de Garoña, previsto para 2013.

Rajoy ha dicho que su formación acudirá a las reuniones que el Ejecutivo tiene pensado convocar para alcanzar un acuerdo nacional sobre energía, y ha precisado que su primera petición será que se anule el plan de clausura de Garoña porque perjudica a su entorno y a todos los españoles.

En este sentido, ha atribuido a un "capricho sorprendente" del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la decisión de cerrar la planta ubicada en el Valle de Tobalina, en el norte de la provincia de Burgos, "pese al informe favorable a su mantenimiento emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)". Para Rajoy, el cierre no se debe a razones de seguridad, económicas, medioambientales o de otra índole, sino que "la única razón del cierre" es que el presidente del Gobierno "lo ha decidido porque sí", en una de las decisiones "más sorprendentes que ha tomado un dirigente político en los últimos años".

Ante un grupo de alcaldes y concejales de la zona, Rajoy ha considerado que el anuncio de planes de revitalización para el entorno de la nuclear hasta el momento "no es nada". Ha estimado que el único plan para la zona sería el mantenimiento de la central y ha señalado que un cierre de la planta supondría incrementar en los próximos años la emisión de CO2 a la atmósfera en 36 millones de toneladas e implicaría un coste de 1.600 millones de euros. Según Rajoy, además la clausura de Garoña encarecería la luz y generaría una mayor dependencia energética exterior de la que ya tiene España.

Para el líder del PP, en este momento en el país "no hay política energética nacional". Ha considerado que la apuesta por las renovables no es real porque no se cuenta con el sector ni con las comunidades autónomas y porque "hay cambios constantes de la normativa que generan inseguridad" entre los implicados. Además, ha indicado que la eliminación del incentivo al consumo de carbón autóctono está llevando a un elevado almacenaje de este mineral y que las empresas públicas extranjeras "ampliamente endeudadas" están entrando en el sector eléctrico español para después paralizar actuaciones porque no tienen fondos.