Socavar una conquista social
Las recientes declaraciones de Esperanza Aguirre poniendo en cuestión la gratuidad de la educación de los niveles posobligatorios han producido una gran convulsión. ¿Por qué? Porque, aunque su autora ha querido después señalar que sus palabras se referían solo a los másteres, todo el mundo ha entendido que el verdadero objetivo apuntaba a la línea de flotación del derecho a la educación. En primer lugar, porque los másteres no son en la actualidad gratuitos en ninguna universidad española, sino más bien todo lo contrario; en segundo lugar, porque el objetivo, por ahora, es el bachillerato y la Formación Profesional que, en los centros públicos, son gratuitos. De forma que, una vez más, las declaraciones de Aguirre apuntan a la educación pública, a menoscabar y dañar la educación pública. ¿Por qué son gratuitos hoy el bachillerato y la Formación Profesional en sus diversos grados? Lo son, en primer lugar, como consecuencia de la lucha del movimiento estudiantil que en las manifestaciones del curso 1986-1987 consiguieron del Gobierno la gratuidad de estos niveles (antes no lo eran); es, pues, una conquista social del movimiento estudiantil que ahora se quiere socavar y eliminar. En segundo lugar, porque es una consecuencia más del reconocimiento constitucional de la educación como un derecho de todos, como un bien público que al menos los centros públicos deben ofrecer en condiciones de gratuidad para evitar que la formación posobligatoria se convierta en un privilegio que excluya de su adquisición a los que carezcan de medios económicos. En tercer lugar, para poder cumplir las previsiones de la Unión Europea, que aspira a que, como mínimo, el 80% de los jóvenes tengan un título posobligatorio. Eso no será posible si no hay centros públicos que lo ofrezcan gratuitamente.
La pregunta obligada ahora es esta: ¿está preparando el terreno el Partido Popular para eliminar la gratuidad del bachillerato y de la Formación Profesional, primero, para elevar astronómicamente después, como han hecho sus colegas británicos, las matrículas de la universidad? ¿Se está pensando en que la educación pública, al amparo de los famosos recortes, contribuya también a incrementar los ingresos de los poderes públicos? ¿Por qué, si hay que hacer recortes, no se hacen también en los centros privados concertados? ¿Es solo un primer paso en el desmantelamiento del Estado de bienestar que hemos construido entre todos?
Manuel de Puelles Benítez es catedrático emérito de Política Educativa (UNED).
