Sogecable y Ono presentan alegaciones contra la TDT de pago

El borrador de real decreto presentado por el Ministerio de Industria el pasado 17 de junio que regula la TDT de pago es contrario a la legalidad, altera las reglas del juego y no se justifica por razones de urgencia o de interés general. Ésta es la línea argumental de las alegaciones presentadas por Ono y Sogecable ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Catsi), organismo vinculado a Industria.

Ono, que explota una televisión por cable, considera que el texto cambia las reglas del juego porque "modifica las condiciones expuestas cuando se otorgaron las concesiones para emitir en TDT". De hecho, las licencias que recibieron Net TV (Vocento), Veo TV (El Mundo) y La Sexta preveían expresamente que sus emisiones serían en abierto. Ono expone en el escrito de alegaciones que para transformar -de abierto a pago- las concesiones "deben modificarse las condiciones esenciales". Y agrega que tal modificación "no se justifica ni por razones de interés público ni responde a nuevas necesidades".

"Un atropello"

Por su lado, Sogecable (empresa de PRISA, editora de EL PAÍS) sostiene que el borrador de real decreto "conculca la legalidad, no responde a ninguna demanda social y pone de relieve la política clientelista" de Industria. Sogecable (propietaria de Cuatro y Digital +) no se opone a la TDT de pago, pero afirma que la fórmula elegida para su regulación es "un atropello".

Sogecable solicita la retirada del texto -remitido al Consejo de Estado- porque, además, vulnera la normativa sobre contratos del sector público y otras leyes y reglamentos aplicables a los operadores audiovisuales. Argumenta que la llegada de la TDT de pago antes del apagón analógico (abril de 2010) no responde a un "interés público" ni se justifica por "causas imprevistas" y, paralelamente, favorece a los operadores terrestres en detrimento de las empresas que ofrecen televisión por satélite, cable o ADSL.

Esta discriminación no sólo altera las reglas de funcionamiento de todo un sector, sino que puede ir en contra del Tratado de la Unión Europea al establecer medidas encaminadas a beneficiar a la TDT y a las cadenas que utilizan las ondas hertzianas, algo que puede ser considerado como "ayuda de Estado".