"Sólo hizo lo que le pedimos: que mi madre no sufriera"

El doctor Marcos Ariel Hourmann, ex facultativo del Hospital Comarcal Móra d'Ebre (Tarragona), ha sido exculpado por la familia de una mujer que falleció a los 82 años después de que el médico le inyectara una sustancia letal. Hourmann fue hallado culpable en marzo de este año por la Audiencia Provincial de Tarragona y condenado a un año de prisión y a otro de inhabilitación. La sentencia es resultado de un pacto entre el acusado y el fiscal, que se personó como acusación después de que la familia rechazara denunciar al médico.

La familia de la fallecida habló ayer por primera vez, después de conocer los detalles de la sentencia, en su desconcierto ante la condena de Hourmann. "El hospital le denunció, pero ignoramos por qué quisieron ir a por él. Actuó profesionalmente y cumplió con lo que acordamos", lamentó un hijo de la fallecida.

"Sólo hizo lo que nosotros le pedimos. Nuestra madre estaba sufriendo y sólo queríamos que no sufriera. No tiene sentido que el hospital denuncie a su propio médico", agregó el hijo de C. C., que ingresó en el hospital el 28 de marzo de 2005 aquejada de una enfermedad incurable. Presentaba un cuadro complejo: cáncer de colon, hipotensión arterial, infarto de miocardio y diabetes descompensada, entre otras afectaciones. "Era prácticamente intratable", señalan médicos del centro de Móra d'Ebre. La paciente fue atendida por el doctor que aquella tarde ocupaba el turno de guardia en urgencias: Hourmann. C. C. no respondió al tratamiento y su estado fue deteriorándose progresivamente en cuestión de horas hasta que sufrió un infarto masivo acompañado de un shock hemorrágico que le provocó una hemorragia interna.

La familia fue informada de la gravedad de su estado y consintió en que el médico le suministrara calmantes y pautas de sedación, recoge la sentencia. Ariel le inyectó además cloruro potásico, compuesto similar al empleado en las inyecciones letales de las ejecuciones judiciales decretadas en países como Estados Unidos. La paciente murió al día siguiente y el médico anotó en el informe médico que le había inyectado la sustancia letal.

La acusación la formuló el Ministerio Fiscal después de que la dirección del propio centro sanitario denunciara al médico, que fue despedido por el asunto. La familia de la fallecida se negó reiteradamente a denunciar a Ariel, al que asegura estar completamente agradecida.

El condenado alega que fue la fallecida quien le pidió poner fin a su sufrimiento. "Me dijo que no quería continuar viviendo y actué humanamente", justificó Ariel durante el juicio. El fiscal consideró veraz su relato y acordó con la defensa rebajar la acusación de homicidio, por el que pedía diez años de cárcel, a homicidio involuntario. La Fiscalía entiende que Ariel malinterpretó la voluntad de la paciente, que le pidió dejar de sufrir pero sin especificar que el médico debía inducirla a la muerte.

Tras constatar los hechos, la dirección del centro -de titularidad pública pero de gestión concertada- denunció a Ariel ante la justicia y le despidió por mala práctica profesional. "Nunca me escondí de lo que hice, ella pidió que terminara. Lo más humano era acortar su sufrimiento", relató en la vista el condenado, que actualmente ejerce en el Reino Unido. La sentencia, cuyo contenido se acordó entre las partes durante la vista oral, da credibilidad a su testimonio, pero no considera probado que la mujer solicitara que se la indujera a la muerte. "Las dos veces que la paciente me dijo que quería morir estábamos solos", aseguró Ariel, que asume toda la responsabilidad de la eutanasia. "El procedimiento que empleó no está recogido en ningún protocolo. Actuó al margen de la ley y nos vimos obligados a denunciarle. No actuamos bajo ninguna doctrina ideológica", precisó un dirigente del hospital.

Si el condenado no hubiera detallado la inyección letal en el informe médico, probablemente la eutanasia habría pasado desapercibida, recalcaron expertos jurídicos consultados. "La eutanasia clandestina es una práctica habitual", añadió Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). "En España hay entre cinco y seis eutanasias clandestinas al día. Esta pena llama la atención porque se trata de una práctica cotidiana aunque nadie quiera admitirla. La injusticia es que quien la reconoce, le cae encima el peso de la ley", lamentó. Los datos de DMD arrojan que en los países desarrollados que no regulan la eutanasia, el 0,4% de las muertes son provocadas por los médicos. Según DMD, ésta es la primera condena por eutanasia en España, confirmó el departamento de Justicia de la Generalitat.