TVE, condenada por no informar con objetividad sobre la huelga general

La Audiencia Nacional ha condenado a Televisión Española por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical, a raíz de la demanda presentada por Comisiones Obreras por presunta manipulación informativa en los telediarios durante la huelga general del 20 de junio de 2002. La sentencia considera que no se establecieron mecanismos de control "y criterios objetivos" para la distribución de tiempos, espacios y contenidos. Argumenta que la noticia difundida sobre la encuesta del CIS omitió las cuestiones que beneficiaban a los convocantes.

La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, condena a Televisión Española a emitir en todos los telediarios de un día (sin precisar cuándo) una información completa sobre su contenido. RTVE anunció ayer que planteará recurso. "No tenemos la obligación de ejecutarla hasta que sea firme", aseguró una portavoz del ente público. El equipo jurídico de CC OO consideró, sin embargo, que en el caso de que la empresa plantee recurso "no se paraliza su ejecución", explicó Rómulo Silva, secretario de comunicación e imagen de la Federación de Comunicación y Transporte de CC OO.

Silva calificó de "histórica" la sentencia. "Deja en evidencia al director de informativos de TVE, Alfredo Urdaci, por cuanto que el Tribunal considera probado que ha vulnerado dos derechos fundamentales y que la información sobre la huelga general no sólo no fue veraz, ni plural ni independiente, sino que ocultó noticias".

La sentencia estima que las pruebas presentadas por la televisión estatal han pretendido introducir "una polémica estéril" sobre tiempos de emisión y contenidos concretos de la programación. Recuerda que el Estatuto de RTVE reconoce el derecho de acceso a los medios de comunicación estatales (TVE y RNE) de los grupos sociales y políticos más significativos. Este acceso, que debería ser fijado por el Consejo de Administración de RTVE y el director general, atiende a criterios objetivos, como la representación parlamentaria o la implantación social. Sin embargo, antes de la convocatoria oficial del paro no se establecieron "los mecanismos de control y criterios objetivos de distribución de tiempos, espacios y contenidos" que prevé el Estatuto.

Encuesta del CIS

En la demanda, presentada el 21 de marzo, el sindicato entendió que el Telediario 2, dirigido y presentado por Urdaci, ocasionó un grave daño a la actividad de difusión, publicidad e información veraz de los objetivos del paro. La demanda iba acompañada de los vídeos de los telediarios emitidos por la televisión estatal y por un estudio sobre el reparto de tiempos a las distintas fuerzas políticas y sociales. En opinión del sindicato, TVE diseño y desplegó "una auténtica campaña de propaganda y manipulación informativa". Como ejemplo, aportaba la información difundida por TVE sobre la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la opinión de los españoles ante la huelga general.

La sentencia pone de manifiesto que no se emitieron los resultados que, supuestamente, tendían a perjudicar al Gobierno y a favorecer la postura de los sindicatos. Especifica que se ocultó que el 50% de los encuestados se habían mostrado de acuerdo o muy de acuerdo con la convocatoria, que la mayoría consideraba que los sindicatos habían hecho más esfuerzos que el Gobierno por evitarla, que el 54% creía que había muchos o bastantes motivos para convocarla y que el 64,3% había manifestado no tener temor ante la huelga o poco temor en el 22% de los encuestados. En cambio, sí difundió que el 54% de la población no iría a la huelga y que el 34% la secundaría.

Precisa la sentencia que TVE no aportó una justificación objetiva y razonable, "suficientemente probada", de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad para evitar la lesión del derecho de huelga y libertad sindical, en su vertiente del derecho a la información veraz, neutral, y objetiva, publicidad y difusión de lo objetivos de la misma.

La sentencia del Tribunal de la Sala de lo Social, compuesto por los magistrados Pablo Burgos de Andrés (presidente y ponente), José Ramón Fernández Otero y Daniel Basterra Montserrat, rechaza la alegación del abogado de la cadena y establece que los servicios informativos de TVE dependen del ente público.