Tergiversaciones sobre la eficiencia del Sistema Universitario Público Español y ajustes fiscales
Como autores de la monografía Problemas de eficiencia del sistema universitario público español, publicada en el Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FCYD) 2010 recientemente presentado en público, y ante la información publicada en determinados medios de comunicación nacionales y locales, basada pretendidamente en nuestro trabajo, debemos manifestar nuestra opinión sobre la información hecha publica y sobre la dimensión y resolución de los problemas de eficiencia en el sistema universitario público español (SUPE).
Entendemos en primer lugar inapropiado que los responsables del Informe FCYD 2010 hayan presentado a los medios de comunicación aspectos parciales de nuestro análisis, completamente descontextualizados y haciendo caso omiso de nuestro enfoque general del problema y de nuestras conclusiones. Nos parece todavía menos aceptable que se presenten como conclusiones del Informe FCYD 2010 contenidos y análisis que no han sido elaborados por los autores del propio informe, sino por unos colaboradores externosa los que se ha solicitado una colaboración firmada, y que en nada participan de la elaboración metodología y conclusiones de dicho informe y que, lógicamente, desean -y tienen derecho- a que su contribución sea conocida íntegramente, y no incorrectamente extractada y descontextualizada.
Resulta verdaderamente sorprendente que el 60% del contenido de las noticias de prensa a las que ha dado lugar la presentación del Informe FCYD 2010 provengan de una colaboración externa firmada por autores (nosotros) que no son autores del propio informe. Es todavía peor que en la presentación oficial del lunes 6 de junio de 2011 no se hiciera mención a ninguno de estos aspectos, que sin embargo se trasladaron -con muy poco acierto y rigor- a los medios de comunicación en la rueda de prensa correspondiente.
Pero vamos a lo intrínseco, cual es la visión que los autores tenemos de los problemas de eficiencia del SUPE, sencillamente la que se recoge en el punto 1 de nuestro trabajo y que transcribimos literalmente a continuación:
"El Sistema Universitario Público Español (en adelante SUPE) ha sido en las últimas dos décadas un factor de formación de capital humano y de ganancia de competitividad de la máxima importancia para la economía española. Estudios recientes han puesto de manifiesto de manera objetiva y fundamentada su rentabilidad socioeconómica: en producción, renta, empleo y fiscalidad, y su valor estratégico. Al compás de la fase expansiva del ciclo económico, la sociedad española ha proporcionado en los últimos quince años recursos crecientes a sus universidades, ello les ha permitido desplegar su oferta de enseñanza superior en la totalidad del territorio, y hacerlo con una disponibilidad de recursos humanos, infraestructuras y medios materiales considerable. Al mismo tiempo, las universidades han ido desarrollando una actividad científica creciente, que ha conseguido aproximar parcialmente al país al lugar que en este campo le corresponde por su potencial social y económico.
El SUPE presenta, en su conjunto, unos resultados equiparables a la media de los países de la UE 19 y la OCDE. Utiliza unos recursos globales algo inferiores y proporciona unos resultados en servicios educativos equiparables, y unos resultados en I+D+i más insuficientes (influido por un entorno productivo débil en términos científicos y tecnológicos). Ello no excluye que tenga en su interior, como seguramente suceda en muchos otros sistemas universitarios de otros países, reseñables problemas de eficiencia, que este trabajo se proponer identificar.
La sociedad española, y su economía, tienen una necesidad estructural de cambio de modelo productivo, que ha de ser más intensivo en conocimiento y en tecnología, para compensar la drástica reducción del sector de la construcción residencial, que desde hace tiempo devenía inviable por el sobredimensionamiento que ha propiciado el carácter especulativo que en él ha prevalecido y por su incompatibilidad con el equilibrio medioambiental.
Los sistemas universitarios, constituyen -como se ha señalado- piezas clave del progreso social y de la aportación de dosis determinantes de competitividad a las economías avanzadas. Sería un error estratégico grave, reducir la aportación de recursos a nuestro sistema universitario dado el destacado efecto multiplicador y de arrastre que manifiestan las inversiones en el sector. La identificación de sus problemas de eficiencia, y su consiguiente resolución, debe perseguir la mejora de su productividad y de sus resultados, no su adelgazamiento. Es más, la supresión de sus problemas de eficiencia, debe proporcionar a los financiadores (públicos y privados), la confianza necesaria para intensificar la aportación de recursos, en la convicción de que el aumento de los resultados docentes y de I+D+i de las universidades será una inmejorable noticia para el imprescindible cambio del modelo productivo español."
En conclusión, los resultados del SUPE, son -en relación a los recursos de los que dispone- no sólo aceptables, sino claramente positivos en la comparabilidad internacional. Además, los tres problemas de eficiencia que analiza nuestro trabajo tienen, como se señala en el mismo, buena parte de su origen en factores externos a las propias universidades:
- La inadecuación de la oferta a la demanda de estudios (42% de titulaciones con una demanda de menos de 55 alumnos de nuevo ingreso) está provocada en una parte no sustancial por "la voluntad de las autoridades públicas de extender la oferta territorial de enseñanzas universitarias, mediante la creación nuevas universidades y campus locales, con el objetivo de aproximar los servicios universitarios a los usuarios, ..., que, a su vez, han propiciado la creación de "demandas cautivas" que han desmotivado la concurrencia/competencia institucional y han reducido notablemente la movilidad territorial de los estudiantes." Junto a ello, ha agudizado el problema la dejación del ejercicio de sus competencias de coordinación del mapa de titulaciones por parte de las Comunidades Autónomas, sobre el que tiene capacidad plena de autorización, o no.
Señalar, en este aspecto, que las universidades privadas presenciales presentan peores resultados de adecuación a la demanda, el 66,6% de sus titulaciones tiene menos de 55 alumnos de nuevo ingreso.
- El mantenimiento de una elevada intensidad docente de las planes de estudio, (600 horas lectivas y cuatro años de duración de los grados) y el exceso de plantilla de profesorado que requiere, se ha contrapuesto a una real adaptación al EEES, aunque viene ciertamente amparada (algunos consideran que casi impuesta) por la regulación de los estudios de grado, realizada por el ME.
- La existencia de personal con capacidad investigadora, que no obtiene resultados evaluables (24%), y la consecuente posible corrección o remoción, choca contra un muro regulatorio hasta ahora insalvable: la naturaleza funcionarial o de contrato laboral fijo de dicho personal, que dificulta enormemente/impide a los responsables universitarios desarrollar una política de personal que dé solución a dichos problemas.
En nuestro trabajo señalamos los problemas de eficiencia del SUPE (no lo podemos hacer de la universidades privadas porque no todas proporcionan sus datos públicamente), y es nuestro objetivo que se tome conciencia de los mismos y se inicien acciones para resolverlos, porque ello permitirá a las universidades públicas ofrecer más y mejores resultados a la sociedad a la que se debe. Somos plenamente conscientes, de que gran parte de las mismas están en el ámbito regulatorio y de desarrollo de políticas que corresponde a los Gobiernos nacional y autonómico, y que muchos Rectores hacen un esfuerzo ímprobo para reducirlos. Somos conscientes también, de que dichos problemas y niveles de no-eficiencia -u otros- habitan en otros sistemas universitarios internacionales (y en muchas otras organizaciones públicas y privadas), aunque por suerte para ellos, no son utilizados como un arma arrojadiza por una parte de los medios de comunicación para cuestionar la incuestionable contribución del sistema universitario a la formación del capital humano, la competividad económica y el progreso social de cada país.
Nada, ningún dato, justifica una visión pesimista del rendimiento y de los resultados del SUPE, y mucho menos titulares de descalificación genéricos sobre su calidad y su contribución destacada al avance de la economía española. Aunque es posible que con ello se pretenda "señalar un objetivo" y servir en bandeja un argumentario trufado de mala fe, ante el que parece inminente recorte presupuestario próximo.
Las universidades y nuestro sistema científico tecnológico necesitan más recursos públicos y, sobre todo, más recursos privados. Ninguna política fiscal de calidad debería recortar los recursos públicos puestos a disposición de las universidades (y menos aún de la sanidad, la política social o la educación no universitaria), aunque lo están haciendo políticas de trazo grueso, que son capaces de recortar un 6% a la sanidad, un 7% a la educación y un 17% a la universidad, aunque sólo reducen un 2% la subvención de explotación a la correspondiente televisión autonómica, y no se sonrojan de mantener 240 organismos y empresas públicas a costa de los presupuestos de una sola autonomía.
Si profundizar en el ajuste fiscal es inevitable, como parece que lo es (porque lo exigen nuestros acreedores), el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales es imprescindible para que la sociedad y la economía mantengan los equilibrios mínimos que requiere un comportamiento armónico y capaz de generar avances. Debemos ajustar lo accesorio, lo prescindible, lo improductivo, y antes de reducir las bases del equilibrio social, y las acciones que dotan de impulso productivo a la economía (I+D+i, política tecnológica, industrial, etc.), afrontar abiertamente un nuevo sistema de financiación del estado del bienestar, mediante nuevas contribuciones privadas al funcionamiento de los servicios públicos, y a ese respecto, hay un evidente camino que recorrer en los precios públicos universitarios, que debe andarse acompañado de una potente ampliación de la política de becas y ayudas al estudio, tal como se viene haciendo en los últimos años.
