Trasladada la juez de Dénia que impedía bodas gays

La juez Laura Alabau no podrá impedir ningún matrimonio entre personas del mismo sexo. Al menos de momento. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado su traslado desde el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dénia (Alicante) -el que tiene atribuidas las competencias del Registro Civil y por tanto la de inscribir los matrimonios en ese municipio- a otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón en el que no podrá obstaculizar estas uniones.

La juez alicantina ha frenado los matrimonios homosexuales desde su aprobación, en julio de 2005, dilatando los procesos. Después de que dos mujeres le solicitaran casarse, presentó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que reguló estas bodas que ni siquiera fue admitida a trámite al considerar el Constitucional que los jueces de Registro Civil no pueden recurrir al alto tribunal. Después se negó a dar validez a las bodas al no inscribirlas en el Registro Civil, pero sus decisiones fueron revocadas repetidamente por la Dirección General de Registros y del Notariado, el organismo perteneciente al Ministerio de Justicia que resuelve los recursos contra las decisiones del Registro Civil.

Tras conocer que ese organismo rechazó una decisión suya de no inscribir un matrimonio entre dos hombres británicos, Alabau escribió una carta al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que calificaba la decisión de ese órgano de "ilegal" y basada sólo en "intereses políticos y propagandísticos". También acusaba al fiscal de convertirse "vergonzosamente" en un "apéndice del Gobierno al perseguir a quienes impartimos justicia no al gusto de quien controla todas las restantes dependencias del Estado". Esa carta fue enviada también a los medios de comunicación.

Pero el anterior Consejo General del Poder Judicial, dominado por los vocales propuestos por el PP, consideró en su última reunión antes de ser renovado que sus palabras sólo eran "valoraciones personales (...) sobre criterios jurídicos asumidos por un concreto centro directivo del Estado". Esas manifestaciones no sólo no eran insultos para estos consejeros, sino que se incardinaban "dentro del derecho a la libertad de expresión de la señora Alabau", a la que se levantó la multa de 305 euros que le había impuesto la comisión disciplinaria de ese mismo organismo.

Tres meses después de esa polémica decisión, y a una semana de que el juez de Familia de Murcia Fernando Ferrín Calamita fuera inhabilitado por dos años al retrasar la adopción de una niña por una pareja de lesbianas, el Consejo acuerda el traslado de Alabau a un órgano de lo Contencioso-Administrativo (los que se encargan de resolver los conflictos de los ciudadanos o las empresas con las Administraciones). El cambio de destino se produce a petición de la juez.

El pasado agosto, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya propuso al CGPJ que Alabau pasara a ocupar una plaza vacante en los juzgados de lo Contencioso de Valencia. La iniciativa se produjo después de que la juez siguiera negándose a casar homosexuales tras haber sido sancionada.