El Tribunal de Justicia de la UE condena a España por boicotear a investigadores extranjeros
Bruselas exige al Gobierno la transposición de una directiva europea de 2005
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado hoy en evidencia la retórica del Gobierno español sobre I+D+i al condenarle por incumplir sus obligaciones con respecto a la admisión de investigadores procedentes de países extracomunitarios. La condena no tiene, por el momento, repercusiones contables y sólo debe servir para que España cumpla los compromisos que ha suscrito.
El conflicto se origina en la aplicación de una directiva de 2005 que fijaba las condiciones de admisión en la UE de los investigadores de terceros países llegados para participar en programas de más de tres meses de duración en el marco de convenios de acogida con organismos de investigación. La fecha tope para la transposición a la legislación española de tal directiva era la del 12 de octubre de 2007, que pasó sin novedad.
La Comisión Europea, como guardiana del Tratado, pidió explicaciones a Madrid siete meses después, a lo que el Gobierno respondió que esperaba desarrollar un régimen especial para investigadores en la normativa nacional sobre extranjería e inmigración. Viendo Bruselas que el Ejecutivo español le daba repetidas largas, buscó el amparo del Tribunal de Justicia que ahora le ha sacado los colores.
El Tribunal considera inaceptable el argumento de que el retraso es debido a la reestructuración de los departamentos ministeriales a raíz del cambio de legislatura y tampoco admite, como alegan las autoridades españolas, que las disposiciones vigentes en materia de extranjería e inmigración ya regulan la admisión de los nacionales de terceros países a efectos de investigación. Hace notar el Tribunal que las normativas invocadas no bastan manifiestamente para garantizar la perfecta transposición de la directiva, que además debe ser adoptada mediante un acto positivo del Derecho interno.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara fundado el recurso de la Comisión. Bruselas volverá ahora a exigir a España que cumpla lo acordado, ya con dos años y medio de retraso. Los plazos empezarán a correr de nuevo y, de verse burlada la Comisión, otra vez el caso volvería al Tribunal y terminaría con una sentencia fuertemente sancionadora.
