El Tribunal Superior navarro rechaza que se deje de cursar Ciudadanía

Una vez más, un tribunal autonómico se ha tenido que pronunciar a petición de unos padres sobre si sus hijos deben seguir estudiando Educación para la Ciudadanía, una materia obligatoria en España, según establece una ley orgánica. En esta ocasión, ha imperado la prudencia en la decisión. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado suspender cautelarmente, como le pedían los progenitores, la obligatoriedad de que vayan a esa clase hasta que se resuelva el recurso que han presentado.

Razona el tribunal que todos los jóvenes españoles deben ser educados según establece la ley, y ésta (la Orgánica de Educación) dice que tienen que estudiar esta materia. Pero también recurre al sentido común: si ahora admite la suspensión cautelar (lo que implicaría que los niños dejarían de ir a esa clase) y luego la resolución no está de acuerdo, los alumnos tendrían que aprender la materia completa, aunque no hubieran ido a clase.

Criterios dispares

No todos los tribunales han razonado del mismo modo. De hecho, hace unos meses pasó en Asturias precisamente lo que evita el tribunal navarro. El Tribunal Superior asturiano sí accedió en diciembre del año pasado a la petición de cinco familias y les eximió de cursar la materia hasta que hubiera sentencia. Meses después, en febrero, la sentencia fue en sentido contrario: no aceptó que se impugnara esta asignatura acogiéndose al "derecho a la libertad religiosa" y tampoco que se pudiera objetar.

La sentencia de Asturias fue la primera y desde diciembre pasado se han pronunciado sobre la cuestión otros cuatro tribunales (incluido el de Navarra) con argumentos que se contradicen, según el tribunal que sentencie. La pelea es ideológico-política. Los obispos se oponen a que los niños tengan que aprender cuestiones como que el matrimonio homosexual es legal en España, apoyados por organizaciones católicas, y el PP lo ve como un tema fácil para armar ruido sobre las reformas educativas de Zapatero.

Algunos gobiernos populares -Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia- apoyarán a los padres que se nieguen a que sus hijos cursen esta materia. Y el goteo de pronunciamientos legales de instancias autonómicas seguirá, puesto que decenas de padres han recurrido de forma organizada por toda España.