La UE da vía libre al corte de Internet sin pasar por el juez

El acceso a Internet podrá ser restringido sin necesidad de una orden judicial previa de acuerdo con la legislación que decida libremente cada Estado, con medidas "apropiadas, proporcionadas y necesarias" aunque se salvaguarda el derecho de los internautas a una "revisión judicial efectiva y oportuna". Éste es el texto de consenso que salió ayer de Bruselas para la regulación de Internet, que permanecía bloqueada desde que el Parlamento Europeo introdujera en mayo una enmienda que prohibía expresamente cualquier corte de conexión sin la intervención judicial.

El acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, a través de la llamada comisión de conciliación, deja libertad a los Estados para la regulación del acceso a Internet pero supone un espaldarazo para países que, como Francia o Reino Unido, han introducido una legislación restrictiva mediante un sistema de avisos y posterior corte de conexión para aquellos internautas que realicen descargas de archivos protegidos por derechos de autor.

La trasposición de la nueva norma europea no supondrá ningún cambio sustancial para España, que no cuenta con ninguna legislación específica sobre esta materia, considera legales las descargas y supedita cualquier interrupción del servicio a una decisión judicial previa.

El acuerdo alcanzado por unanimidad en Bruselas deja contentas a todas las partes, tanto a los que son favorables a una normativa que permita la persecución de la llamada "piratería cultural" que denuncia la industria audiovisual, como a los defensores de las garantías de los internautas y de la libertad en la Red, encabezados por Los Verdes y el Partido Pirata, que también sellaron el pacto.

Esa unanimidad en el seno de las instituciones europeas se ha conseguido gracias a la deliberada ambigüedad con la que ha sido redactado el texto que, tras recordar que las medidas de restricción sólo pueden ser tomadas "con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la privacidad", apunta a que debe ser garantizado por un "procedimiento previo justo e imparcial", aunque no aclara si la naturaleza de ese procedimiento es administrativo o judicial. El texto elimina el control de los jueces "a priori", tal y como sostenía la enmienda aprobada en mayo y lo sustituye por un vago "derecho a una revisión judicial efectiva".

Unos y otros han tratado de justificar este giro en que el deseo parlamentario chocaba con la legislación comunitaria porque implicaba una armonización de los sistemas judiciales en la que la Eurocámara no puede entrar. "Si la enmienda hubiese sido admitida, el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo podría haber anulado la directiva", reconocía ayer el propio Parlamento. En la misma línea se pronunciaba Alejo Vidal-Quadras, jefe de la misión negociadora parlamentaria.

La Comisión celebró el acuerdo como un éxito. La comisaria responsable de Telecomunicaciones, Viviane Reding, interpretaba que "las leyes de tres avisos no se convertirán en parte de la legislación europea". El portavoz Martin Selmayr se remontó a la Revolución Francesa para decir que el blindaje de garantías pactado era heredero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1791. "Sólo en situaciones de urgencia", como pederastia o terrorismo, se podrá prescindir de la garantía judicial previa.

El texto está incluido en una completa reforma de la regulación de las telecomunicaciones, conocida como Paquete Telecom, que incluyen también medidas de protección de la neutralidad de la Red para impedir que los operadores discriminen entre varios tipos de transmisión de datos en Internet, como voz o descargas a través del P2P, aunque vuelve a dejar libertad a los Estados para su regulación.

El acuerdo debe ser ratificado por el pleno de la Eurocámara entre el 23 y el 26 de noviembre y por los ministros de Telecomunicaciones. Los países de la UE tendrán entonces 18 meses para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.

Pero los malos vientos contra las descargas no sólo vienen de Bruselas. Estados Unidos promueve un acuerdo internacional (ACTA) para permitir a los propietarios de derechos de autor, como discográficas o productoras, perseguir a los proveedores de Internet por permitir a sus clientes el intercambio de archivos protegidos. En las negociaciones están también Japón, Canadá, Corea del Sur y la propia UE, según informa Reuters.