La UE rechaza el permiso de maternidad de 20 semanas
"Este no es el mejor momento para la ampliación de las políticas sociales", reconoce el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. Así que, puesta sobre la mesa comunitaria la posibilidad de ampliar de 16 a 20 las semanas de permiso de maternidad retribuido al 100%, España y los demás socios de la UE rechazaron la medida propuesta por el Parlamento Europeo. Una ampliación del permiso le costaría al Estado 1.000 millones adicionales al año.
"Hay que tener en cuenta la crisis que golpea a los presupuestos públicos", comenta Gómez al explicar que España no puede ahora destinar 1.000 millones al permiso de maternidad. "No lo contemplamos". Gómez apuesta por la "corresponsabilidad" del padre para que no se retrase la incorporación de la madre al trabajo. Sería el "peor enemigo" dijo.
A pesar de ello, el Gobierno no se opone ideológicamente a la medida, pero Gómez explicó en el Consejo de Ministros de Trabajo europeos que debatió el asunto que en España ya existe algo que se parece a las 18 semanas de permiso retribuido (aunque no lo esté en su totalidad). Esta es la solución que la Comisión Europea propugna como alternativa a las 20 semanas de permiso remunerado propuesto por la Eurocámara. "España tiene 16 semanas y dos adicionales que deben ser disfrutadas por el padre", dijo el ministro, que reclama flexibilidad para que tal opción sea admitida en una hipotética directiva de compromiso.
Gran mayoría
El hecho es que la gran mayoría de los Veintisiete, liderados por Alemania y Reino Unido, se ha alzado contra las ideas de la Eurocámara, y varios países (Suecia, Dinamarca, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia y Malta) han considerado la propuesta como una violación del principio de subsidiariedad. Todo queda ahora frenado por tiempo indefinido. La presidencia de turno belga buscará una coordinación con las dos venideras (Hungría, a partir de enero, y Polonia, en la segunda mitad de 2011) sobre el modo de proceder.
El repudio de ayer supone que Consejo (Gobiernos) y Parlamento (donde la idea se impuso ajustadamente por 327 votos a 320, con 30 abstenciones el pasado 20 de octubre) deberán buscar una solución de compromiso, para lo que es necesario que antes los Gobiernos se pongan de acuerdo.
