Urge un cambio en las pensiones

Los pensionistas han dejado de ser un colectivo residual en las sociedades modernas. En los albores de la democracia había en España cuatro millones de jubilados, que en poco más de 30 años se han duplicado con creces, hasta sumar 8,6 millones. Y la cuantía de la prestación se ha multiplicado por 10: de unos 70 euros mensuales que se percibían entonces se ha pasado a 776. Aunque hoy al pensionista le quede una media de 20 años de vida desde que accede a su nueva condición, la edad legal de retiro no ha variado. ¿Tiene sentido este esquema si se quiere mantener, incluso mejorar, el sistema de pensiones? ¿Qué reformas hacen falta? ¿Y de cuánto tiempo disponemos?

La salud financiera del sistema es, de momento, envidiable. Tras perder dos millones de cotizantes por la crisis y seguir sumando pensionistas, la Seguridad Social arrojó en marzo un superávit equivalente al 0,56% del PIB. Pero esas cifras no deben llevar al espejismo de que las reformas no son necesarias. Porque, si nada cambia, el excedente durará hasta 2023, según las últimas previsiones del Ministerio de Trabajo. Las tensiones podrían retrasarse hasta 2029 si se vaciara el Fondo de Reserva acumulado desde el año 2000, una hucha concebida para hacer frente a situaciones de crisis. "Es un colchón importante, pero no puede jugar el papel de que con eso ya tenemos solucionado el problema", admite Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social.

Casi todos los expertos abogan por ampliar la vida laboral

Los sindicatos proponen premiar más el retraso voluntario

El Gobierno quiere poner coto a las prejubilaciones, que lastran las cuentas

El número de pensionistas se ha duplicado con creces desde 1978

Si no se acometen cambios, el sistema entrará en déficit en 2023

Algunas previsiones erraron al vaticinar números rojos para el año 2000

La docena de personas consultadas para este reportaje coinciden en la necesidad de cambios. Las discrepancias surgen al concretarlos y al hablar de calendarios. Las proyecciones oficiales son elocuentes. En el denominador, el número de pensionistas casi se duplicará de aquí a 30 años y en 2060 los mayores de 65 años representarán el 59% sobre el total de activos. Pero poco se sabe del numerador, es decir, cuántos cotizantes habrá para sufragar las pensiones del futuro. Los analistas ya erraron hace años al calibrarlo y nada impide que vuelva a suceder.

Hay un elemento que pende sobre cualquier debate de las pensiones: la edad de jubilación. El mensaje que el Gobierno lanzó en febrero a los mercados al anunciar su intención de retrasarla de 65 a 67 años ha calado en la sociedad, aunque de momento haya quedado aparcado. Fue una señal clara cuando comenzaban las dudas sobre Grecia y su capacidad de contagio a otros países. Ahora esta y otras reformas se discuten sin prisas en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que desde 1995 intenta pactar todos los cambios en el sistema de pensiones. El ritmo de esta comisión, que no tiene una meta temporal fija para cerrar la reforma, contrasta con la celeridad aplicada a otros recortes del gasto público. El Ejecutivo no ha apremiado a los negociadores, aunque están por ver las urgencias que imponen los mercados.

"El problema de la sostenibilidad vendrá aproximadamente en medio siglo. Entonces, si todo sigue igual, no habrá posibilidad de financiar el sistema que tenemos hoy. Todos los estudios apuntan a que el cambio más eficiente consiste en posponer la edad de jubilación. Eso es evidente". Quien así se expresa no es el jefe del servicio de estudios de un banco ni un defensor de los sistemas privados de pensiones. Es Gosta Esping-Andersen, uno de los mayores teóricos -y defensores- del Estado de bienestar europeo. Desde la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde da clases e investiga desde hace 10 años, este catedrático de Sociología danés sentencia: "Negarse a esto es un poco de Parque Jurásico".

Casi todos los expertos respaldan esa idea con argumentos parecidos: los sistemas de pensiones fijaron hace años una edad de jubilación en torno a los 65. Desde entonces, la esperanza de vida ha mejorado mucho (en España roza los 86 años, por encima de la media europea) y también las condiciones de salud en las que los trabajadores llegan a esa edad. "Si esperamos mucho, las reformas se tendrán que hacer a un ritmo mucho más acentuado y el coste entonces será mayor", advierte César Molinas, director de la consultora Multa Paucis y autor de un estudio sobre la jubilación de la Fundación de Estudios Financieros. Susana Barcelón, profesora titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid e integrante de un grupo de investigación sobre esta materia, introduce una cautela: "Hay que tener mucho tacto. Porque no en todos los trabajos se puede estar hasta los 67 años".

La oposición más clara a esta propuesta proviene de los sindicatos. Tras una legislatura y media respaldando, con algún matiz, la política social del Gobierno, UGT y Comisiones Obreras enseñaron las garras por primera vez en febrero, cuando salieron a la calle a protestar contra el pretendido retraso en la edad de jubilación. "España es uno de los países donde la gente se jubila más tarde. Habría que empezar por incrementar los incentivos a retrasar la edad de jubilación", argumenta Carmen López, secretaria de Política Social en UGT. Su homólogo en CC OO, Carlos Bravo, añade: "Si incentivamos más ese retraso, y no es costoso para el sistema, estamos consiguiendo el mismo efecto". Bravo critica que el Ejecutivo haya presentado esa propuesta "para otro tipo de fines", es decir, para calmar a los mercados en un momento en que reclamaban contundencia.

Curiosamente, al rechazo sindical se suma en esta ocasión el Partido Popular. "Si uno de cada dos trabajadores se jubila antes de la edad legal, ¿por qué vamos a elevarla de 65 a 67 años?", se pregunta Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. Burgos resta valor al dato oficial de que la edad media de retiro en España supera los 63 años (para Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, son 62,6 porque no toma datos reales, sino posibilidades de abandonar el mercado a una determinada edad, pero es el dato homologable). El argumento del diputado popular es que muchos trabajadores que oficialmente se retiran a los 65 han sido expulsados mucho antes del mercado laboral, pero figuran como desempleados (y siguen pagando sus cuotas) para no perder derechos.

El apoyo del PP es clave para sacar la medida adelante si se pretende que la apruebe el Pacto de Toledo. Pero también lo es el de CiU, un grupo muy activo en propuestas sobre pensiones. Su portavoz en esta materia, el diputado Carles Campuzano, lo tiene claro: "Elevar la edad legal es un sí o sí. Con independencia de la crisis, en todos los países donde se han hecho reformas se ha tendido a alargar la edad de jubilación".

Aunque la mayoría de los países conserva los 65 como tope, ya hay algunos (Alemania, Dinamarca, Holanda, Reino Unido...) que han empezado a elevarla gradualmente. Alemania se anticipó a la crisis mundial, aunque cuando acometió las reformas, en 2006, ya tenía sus arcas de Seguridad Social en números rojos. Más que la edad legal, lo que diferencia al sistema español de la mayoría de los de su entorno es el número de años que computan para calcular la pensión. Mientras en España se toman los últimos 15 (comenzaron siendo dos, más tarde ocho y ahora son 15), en Alemania, Suecia, Portugal se toma toda la vida laboral; en Italia y Polonia ocurre lo mismo con los colectivos más jóvenes. Más parecido a España, en Francia se toman 25, con una ventaja: se eligen los mejores.

Todos los consultados se avienen a aceptar cambios en este aspecto, aun admitiendo, como hace la portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, que puede suponer una merma de pensión. "Si se pasa de 15 a 20 años habrá una rebaja en la pensión media del 3,6%", asegura. Pero ya se hizo en 1997 y seguramente se volverá a hacer, aunque hasta ahora el Gobierno se haya mostrado tibio.

El debate sobre la edad de retiro abre necesariamente otro: el de los años cotizados. En una sociedad donde los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral, la clave será acreditar los años necesarios para la pensión máxima (ahora son 35). "La edad legal tiene que ser un instrumento menos relevante. ¿Tiene sentido que sea la misma cuando se han cotizado 50 años y cuando se han cotizado menos?", se pregunta el secretario de Estado de Seguridad Social. "Vamos a ir a un sistema que lo va a flexibilizar todo mucho", avanza.

En esa flexibilidad se inserta el controvertido asunto de las prejubilaciones. Hasta ahora, resultan abusivas para el sistema (y para los afectados). Muchas empresas prescinden de sus trabajadores más veteranos enviándolos al desempleo hasta que pueden acceder a la jubilación ordinaria o a la anticipada, con el consiguiente perjuicio para las cuentas públicas y también para el trabajador, que cotiza menos durante los años que permanece en el paro y ve mermada su pensión. Ese mecanismo penaliza, por ejemplo, a quienes han tenido largas carreras de cotización con aportaciones muy altas que al final se ven truncadas. Trabajo reconoce la necesidad de solucionar esta disfunción. "El sistema no puede ser el refugio de muchas empresas en tiempos de crisis. Al final, queremos ampliar la edad de jubilación a los 67 cuando la media son 63", reflexiona Susana Barcelón.

"Bien hecha, la prejubilación no tiene impacto en la sostenibilidad del sistema", opone Sergi Jiménez-Martín, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona e investigador de Fedea. Es decir, si se ajusta la pensión al tiempo que cada trabajador ha cotizado y a la cuantía aportada, intentando afinar al máximo los importes, el sistema no tiene por qué sufragar la menor cotización, voluntaria o involuntaria, de algunos afiliados. Este experto es partidario de una reforma integral de las pensiones, pues "mantener todo el sistema de bienestar tan generoso cuando crecen más los mayores que los jóvenes es insostenible".

También suscitan polémica las pensiones de viudedad. España constituye una excepción al conceder esta renta de forma vitalicia y casi de forma universal. La diputada del PSOE en el Pacto de Toledo anticipa "una reforma integral" en ese terreno.

Uno de los elementos que censuran organismos como la OCDE, que agrupa a las 30 economías más prósperas, es la cuantía de las pensiones españolas en comparación con el salario. En España, la pensión sobre el sueldo medio neto representa el 84%, frente al 71,8% de la OCDE. El problema es que en España la dispersión de salarios es enorme, con una media poco representativa de 1.993 euros brutos al mes. Las pensiones no son precisamente elevadas y España aún destina menos que sus socios europeos a sufragarlas (el 9% del PIB frente al 11,8% de media), con lo que la solución no consiste en bajarlas, sino en hacer más productiva la economía y mejorar los salarios.

Ahí reside la clave de la sostenibilidad del sistema, aunque no se puede modificar a golpe de decreto, ni tan siquiera de pactos. El profesor Esping-Andersen lo explica de forma rompedora: "La mejor reforma de las pensiones empieza con los bebés. Lo que invirtamos en guarderías y educación en general mejorará la formación de los trabajadores". Y eso redundará en más y mejores ocupados y, por tanto, en cuotas más sólidas a la Seguridad Social.

Con ser necesaria, la reforma en ciernes no será la definitiva. Porque la realidad va desmintiendo (o al menos retrasando) las previsiones y el sistema de pensiones tiene que ajustarse a las necesidades de cada momento. En una revisión crítica de las proyecciones que se realizaron alrededor de 1995, que pronosticaban la quiebra del sistema para el año 2000, Fedea concluye con cierta ironía: "Es natural preguntarse si las actuales proyecciones volverán a fallar. La respuesta es que, con toda seguridad, sí lo harán".