De la Vega ve "inaceptable" la sentencia sobre el 'caso Morín'

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, dijo ayer que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha hecho una "auténtica descalificación" del trabajo de los jueces de la audiencia de Barcelona al calificar de "inaceptable, inaudito y vulnerador de los derechos de las mujeres" el fallo judicial sobre las clínicas abortistas. López salió así al paso de las declaraciones efectuadas por De la Vega durante la mañana de ayer en el 37 Congreso Federal del PSOE, donde anunció que la Fiscalía recurrirá la orden de la Audiencia de Barcelona de revelar las identidades de las mujeres que abortaron de forma presuntamente ilegal en las clínicas del doctor Carlos Morín.

El fallo de la Audiencia estima que es necesario conocer la identidad de las mujeres que fueron imputadas por haberse sometido a abortos presuntamente ilegales a todas las partes personadas en la causa "para garantizar el derecho de defensa".

Las declaraciones de De la Vega, entre aplausos de los socialistas, fueron: "No vamos a resignarnos, no vamos aquietarnos ante decisiones de esta naturaleza; sencillamente, no lo vamos a tolerar".

Lectura precipitada

"Lo que se produce por parte de la vicepresidenta primera del Gobierno hacia esa sala de la Audiencia de Barcelona es una auténtica descalificación de su trabajo, con una lectura muy precipitada, lo que es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho", ha subrayado. López ha recalcado que las decisiones de los jueces "han de ser acatadas, respetadas y aceptadas" y que, "a lo sumo", se puede criticar y explicar por qué no se comparte.

"No se puede pedir a los jueces que adapten la ley a las oportunidades políticas de cada momento", ha considerado el portavoz del CGPJ, quien ha recordado además que será el Ministerio Público el que decida si recurre y ha advertido de que la vicepresidenta "no puede ordenar al fiscal". En un tono de gran dureza, el portavoz del máximo órgano de los jueces dijo también que los supuestos abortos irregulares tienen que investigarse como cualquier otro delito, y que no se puede pedir a un juez que "prevarique" porque el Gobierno no esté dispuesto a "aceptar consecuencias no queridas". En ese caso, reiteró, que cambie la ley.