El Vendrell y Calafell perseguirán a los 'manteros' a cambio de más policía

Una fecha límite nada problemática y un cúmulo de promesas todavía por concretar permitieron ayer a la Generalitat catalana zanjar la polémica desatada por la afluencia masiva de manteros en las localidades turísticas durante el verano, lo que empujó a los municipios costeros de El Vendrell y Calafell (Tarragona) a regularizar este tipo de venta ilegal. Tras reunirse con el consejero de Interior, Joan Saura, los alcaldes de ambas localidades aceptaron desmantelar las zonas designadas para manteros el 1 de septiembre, precisamente cuando los vendedores suelen retirarse de la costa al tiempo que esta se vacía de turistas. A cambio, Saura aseguró que los Mossos d'Esquadra intensificarán el acoso policial en esos municipios. "Hemos zanjado la regularización de estas semanas", celebró el consejero.

Es la medida más tangible de entre las asumidas por Interior, que anunció acciones más difusas como la futura creación de una comisión de seguimiento que aportará soluciones "globales" al conflicto. Los alcaldes, satisfechos porque los comerciantes se comprometieron a retirar la denuncia interpuesta por promover una orden ilegal, admitieron que el embrollo queda en el punto exacto que propició la controversia: el drama de los manteros se afrontará de nuevo con persecuciones entre agentes e inmigrantes, solo que ahora correrán los mossos en lugar de la Policía Local.

"Esto no se resolverá a golpe de porra. Si no se trabaja en otros frentes todo seguirá igual", advirtió el alcalde de El Vendrell, el convergente Benet Jané. "Quizá caímos en la ilegalidad pero ha servido para algo: este es el primer paso", dijo su homólogo de Calafell, el socialista Jordi Sánchez.

"Confiamos en el consejero", resolvieron los alcaldes sobre un acuerdo que parece aplazar el problema hasta el próximo verano, cuando deban ponerse a prueba los compromisos asumidos por la Generalitat.