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Vivienda reclama a 8.000 jóvenes que devuelvan las ayudas al alquiler

Los que hayan superado el límite de 22.000 euros de ingresos anuales deben pagar intereses - Cataluña se opone y ordena paralizar los expedientes de retorno

Lluís Pellicer

El Ministerio de Vivienda ha comunicado a unos 8.000 jóvenes a través de carta y un mensaje al móvil que deben devolver las ayudas correspondientes a la Renta Básica de Emancipación (RBE) que recibieron en 2009. Estos beneficiarios, que suponen cerca del 8% de los que obtuvieron la prestación mensual de 210 euros el año pasado, sobrepasaron el límite de 22.000 euros de ingresos anuales que les permite percibir la subvención. Según las oficinas de vivienda consultadas, la mayoría de los afectados rebasaron ese umbral por poco y debido a cobros imprevistos, por ejemplo, por horas extra, una bonificación imprevista de la empresa, un cambio de trabajo e incluso por haber percibido una indemnización por despido.

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La carta no ha sentado nada bien a las comunidades, que son quienes ahora deben gestionar la devolución. Y en especial a las dos que más expedientes manejan. Cataluña ha ordenado a sus oficinas de vivienda que paralicen cualquier expediente de devolución hasta que se hayan examinado "uno por uno" todos los casos, mientras que la Comunidad de Madrid denuncia que el ministerio le obliga a hacer de "poli malo". Vivienda se defiende y señala que solo los jóvenes que no hubieran avisado de su incremento salarial cuando este se produjo serán penalizados con unos intereses del 5%.

Los 8.000 jóvenes que han recibido el mensaje tenían aprobada la ayuda por su comunidad autónoma y el ministerio, que revisa las incidencias que pueda haber con Hacienda y la Seguridad Social. Las reclamaciones se han dado porque para obtener la ayuda, estos 8.000 beneficiarios presentaron un presupuesto de haberes -una previsión de lo que se cobrará- que finalmente superaron, por encima de los 22.000 euros. En cambio, en otros casos la Administración examina la declaración de la renta del año anterior, lo cual no da pie a estas desviaciones.

La secretaria de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Carme Trilla, razona que la fórmula del presupuesto anual no permite prever las horas extra que se realizarán ni si se va a cobrar una bonificación imprevista. "Eso no sucede con las ayudas que damos de 240 euros. Ahí examinamos la declaración del año anterior para ver si el solicitante tiene derecho o no a la ayuda. Y si cumple los requisitos, no hay problema, es suya", aseguró.

El Gobierno catalán acaba de mandar una carta a todos los afectados de Cataluña para pedirles tranquilidad, puesto que ha ordenado a todas sus oficinas de vivienda que "no tomen ninguna decisión" hasta haber examinado todos los expedientes.

Trilla sostiene que la Generalitat "salvará" el máximo número de casos posibles para que no tengan que devolver el dinero y, además, abonar intereses. "Trataremos de que solo tengan que retornarlo en caso de que la desviación sea muy grande, pero no los casos en los que se hayan pasado de los 22.000 euros por poco", afirmó Trilla, quen agregó: "No compartimos esta decisión del Ministerio de Vivienda".

Paula Pérez, una documentalista de 27 años, recibió en mayo el sms que le indicaba que había "superado el límite de ingresos" y debía devolver las ayudas que recibió el año pasado con un interés del 5%. Pérez pidió la ayuda en enero de 2008, poco después de que la ex ministra de Vivienda Carme Chacón anunciara la medida como plan estrella del Ejecutivo. En octubre de ese año le confirmaron que podía recibir la prestación, que no cobró hasta junio de 2009. El año pasado volvió a repetir el proceso: presentó en la Oficina de Vivienda de la Comunidad de Madrid toda la documentación, incluido un presupuesto de haberes, en el que figuraba su sueldo bruto anual. La comunidad y el ministerio dieron luz verde a su ayuda.

Sin embargo, Pérez está en la lista que Hacienda elaboró para Vivienda con todos los que superan los 22.000 euros que el Real Decreto 1472/2007 fija como techo de ingresos para obtener la mensualidad. "Ni por asomo mi sueldo llega a los 22.000 euros", lamentó. Pero Pérez, que comparte piso, deberá devolver 882 euros al ministerio. La causa es una bonificación que le dio su empresa en motivo del 75º aniversario de la firma y haber trabajado alguna hora extra, lo cual hizo que sobrepasara, aunque por poco, el tope de 22.000 euros.

Esta documentalista acudió, tras recibir la carta del ministerio, a la Oficina de Vivienda de Madrid, donde le han comunicado que deberá devolver el dinero de la ayuda. "Allí me encontré todo tipo de casos, incluso había un chico que se la habían retirado porque sobrepasaba el límite en dos euros", aseguró. Fuentes de la comunidad explican que unos 2.000 beneficiarios se hallan en la misma situación que Paula Pérez, que, paradójicamente, acaba de recibir la confirmación de que este año puede percibir la renta básica de emancipación. "Ya no la quiero", se resigna ahora.

Una portavoz del Ministerio de Vivienda matizó que el envío de 8.000 cartas no significa que el 100% de los beneficiarios tenga que devolver las ayudas. "Habrá quienes habrán cumplido con su obligación de comunicar que iban a superar los ingresos y quienes no", afirmó. La diferencia está ahí: quien se percata de que supera los 22.000 euros y lo comunica, deja de cobrar la ayuda sin tener que devolver nada. Quien no lo hace, debe retornarlo todo con intereses.

Dos servicios de vivienda consultados explican que la casuística es muy amplia. Muchos jóvenes han aceptado horas extra o recibido una paga de gratificación. Pero también hay quien ha superado los 22.000 euros porque perdió su empleo y cobró una indemnización superior al límite exento de tributar, que es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses.

Vivienda indica que el decreto fija que la condición para recibir la renta es "disponer de una fuente regular de ingresos" de menos de 22.000 euros. Por ello, Hacienda solo examina las entradas por rendimiento de trabajo y no incrementos de patrimonio.

Una pareja de jóvenes busca una vivienda de alquiler.
Una pareja de jóvenes busca una vivienda de alquiler.PAULA VILLAR

Obligados a declarar

El límite de 22.000 euros para poder ser beneficiario de la Renta Básica de Emancipación (RBE) es también el umbral de renta a partir del cual se debe rendir cuentas a Hacienda. Y la ayuda tributa como ganancia patrimonial, por lo que el año pasado muchos de los jóvenes que la recibieron se hallaron con la sorpresa de tener que hacer la declaración. Por ello, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha recordado en no pocas ocasiones a los perceptores que están obligados a consignar la RBE en la casilla 312.

La ayuda debe declararse a pesar de que tanto los técnicos de Ministerio de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, como el grupo de CiU en el Congreso de los Diputados, reclamaron que la RBE gozara de exención fiscal, lo cual rechazó el PSOE. "Al ser una ganancia patrimonial suma con el resto de los ingresos, por lo que en muchos casos sube el tipo progresivo", explica el secretario general de Gestha, José María Mollinero.

¿Qué significa a la práctica? A un joven con unas rentas del trabajo de 12.000 euros le corresponde abonar en concepto de IRPF 486,42 euros. Si tiene una ayuda de 1.000 euros anuales, la cantidad asciende a 722,42 euros, mientras que si es de 2.000 euros, debe pagar 958,42 euros. Es decir, que la ayuda real no habrá sido de 1.000 ni 2.000 euros, sino de 764 y 1.528 euros, respectivamente, puesto que el tipo marginal de la RBE es del 23,6%.

Vivienda recuerda que otras ayudas, como la de la compra de un vehículo a través del Plan 2000E, la RBE tributa. Vivienda pone dos ejemplos: un joven con unas rentas de 15.000 euros anuales tributaría a un tipo del 12,91%. Si recibe la renta por un importe de 2.310 euros, el tipo de gravamen pasará al 14,72%. Si el salario bruto es de 21.900 euros, por la misma RBE, el tipo pasaría del 16,81% al 18,06%.

La renta básica

- 213.257 personas se han beneficiado de la Renta Básica de Emancipación (RBE) desde que entró en vigor, en 2008, hasta junio.

- Las dos comunidades con más beneficiarios son Cataluña (39.190) y Madrid (34.815). Después están Andalucía (25.079), Castilla y León (16.583) y Galicia (16.407).

- De las 287.830 solicitudes enviadas al ministerio por parte de las comunidades, 51.353 presentaban alguna incidencia. Un total de 13.684 fueron rechazadas porque el solicitante incumplía con Hacienda o con la Seguridad Social.

- Tienen derecho a la ayuda los jóvenes de entre 22 y 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros y por un máximo de cuatro años.

- El ministerio ha enviado 8.000 cartas a beneficiarios de la ayuda por haber superado los ingresos de 22.000 euros en 2009.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.
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