Un alto cargo de la sanidad catalana dirige un 'holding' hospitalario

Josep Prat Domenech, el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) -la mayor empresa pública de la Generalitat de Cataluña, que gestiona 400 centros sanitarios- y el hombre que impulsa el proyecto de trocear y abrir al capital privado la sanidad catalana, compagina este cargo con la vicepresidencia de USP Hospitales. Este holding es uno de los mayores grupos sanitarios privados de España y posee cuatro centros sanitarios en el área metropolitana de Barcelona y Girona. A uno y otro lado del negocio, Prat supervisa la reducción de actividad de los hospitales públicos catalanes causada por los recortes presupuestarios y, según la oposición, maneja una información que constituiría una gran oportunidad de negocio para cualquier grupo hospitalario privado,

"Quizá no sea ilegal pero compaginar ambos cargos es ilegítimo", dice el PSC

Entre los centros sanitarios de este grupo destaca el Instituto Universitario USP Dexeus, cuya fundación mantiene un contrato con el Departamento de Salud desde 2009 para prestar servicios a la sanidad pública catalana por un importe de 360.100 euros. Esta contratación, otorgada por el anterior Gobierno tripartito, se mantiene vigente con Prat como máximo responsable del ICS.

Desde la presidencia del ICS, Prat es el autor o inspirador del plan que prevé trocear esta empresa pública en una veintena de compañías abiertas a nuevas formas de gestión y de colaboración con el sector privado, confirman fuentes de Salud.

La Generalitat aseguró ayer a este diario que Prat no incurre en ninguna incompatibilidad legal ya que califica su cargo en el ICS de "representativo y sin remuneración", dietas aparte. El ICS defendió que un informe de los servicios jurídicos de Salud avala la compatibilidad de altos cargos de Prat, quien sí percibe un salario por su labor como vicepresidente de USP. "Quizá no sea ilegal pero sí totalmente ilegítimo", opina el responsable de sanidad del PSC, Josep Maria Sabaté. Expertos jurídicos cuestionados por este diario rechazaron posicionarse sobre la posible incompatibilidad de cargos, pero señalaron que este caso concreto merece un estudio detallado para verificar si las ocupaciones de Prat se ajustan a la normativa legal.

Simultanear dos altos cargos en el ICS y UPS no es el único motivo que ha generado dudas sobre la incompatibilidad de las distintas posiciones que acumula Prat. Este también dirige desde 2003 el holding Innova, grupo empresarial público propiedad del Ayuntamiento de Reus (Tarragona) que también posee una decena de hospitales y centros sanitarios. Estos se hallan a su vez integrados en la red sanitaria pública de hospitales catalanes y compiten con los centros que el ICS gestiona en la provincia para captar recursos del Departamento de Salud por la prestación de servicios.

La ley de incompatibilidad de altos cargos de la Generalitat no permite que una misma persona ostente la responsabilidad en dos empresas públicas salvo excepciones expresas de la administración pública catalana. A principios de año, el consejo de Innova, por su parte, autorizó a Prat a presidir el ICS porque este cargo "no es ejecutivo, solo representativo", señala Salud. El Departamento destacó que Prat no percibe ninguna nómina por su labor en el ICS: cobra al menos las dietas que paga Salud, el sueldo como vicepresidente y miembro del consejo de administración de USP y, por otro lado, una retribución por dirigir el holding público del Consistorio de Reus, Innova. El Ayuntamiento ha anunciado que realizará una auditoría externa a esta empresa, que ha declarado un endeudamiento de 202 millones de euros por varios préstamos. Entre otros, un crédito de 47 millones de euros otorgado por el Servicio Catalán de la Salud, órgano de la Generalitat que el propio Prat dirigió en el anterior gobierno de CiU, hasta 2003.

La oposición municipal de Reus denuncia que Prat incumple además la ley por no haber hecho pública la liquidación del impuesto de la renta del año pasado y el salario que percibe de Innova, como obliga la normativa. "Es inconcebible que no sepamos el salario del director de una empresa pública", señala el grupo municipal CUP de Reus.