Ocho años de abusos y golpes

La vida de Juan María (nombre supuesto), un niño de 14 años se resume en varios párrafos de una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y publicada en esta semana: "A consecuencia de las conductas ejercidas por ambos padres, ya desde el año 2000, Juan María sufre síndrome depresivo severo, baja autoestima, hiperactividad, enuresis nocturna [pérdida de orina durante el sueño], trastorno en el apego, agresividad externa, comportamiento y lenguaje sexual inadecuado e impropio para su edad, trastorno por afectividad, déficit de atención, [...] y un deterioro psicológico que continuará afectándole durante años".

Esas conductas ejercidas por los padres sobre el niño tienen un nombre claro según el juez y los peritos que han participado en el caso: maltrato y abusos sexuales. La sentencia, que no es firme y será recurrida por los abogados de los padres ante el Tribunal Supremo, les condena a seis años de prisión por ambos delitos y les quita la patria potestad de Juan María y su hermana, de nueve años.

El caso de estos dos niños no es uno más. La desgarradora descripción de los hechos que se hace en la sentencia y el estado psicológico actual de los pequeños lo convierte en uno de los más sórdidos que se recuerdan. Uno de los psiquiatras que ha declarado en el caso, el neuropsiquiatra Jorge Barudy, ha señalado que Juan María es uno de los menores más dañados que ha conocido, "sometido a un abuso crónico, lo que significa que ambos padres tienen una incapacidad parental severa, crónica e irreversible".

Esa incapacidad fue detectada por un pediatra cuando Juan María tenía sólo dos años y apareció en su consulta con hematomas en los brazos. El caso ha tenido durante todo este tiempo el seguimiento de la Sección de Infancia y Juventud de la Diputación Foral de Guipúzcoa que puso en marcha programas especiales para intentar resolver la situación desde 1995.

Pero los niños estuvieron con sus padres, hasta 2003, cuando la Diputación decidió asumir su tutela. Pasaron ocho años desde aquella primera voz de alarma. Y eso es lo que se preguntan todos los que han seguido la historia. ¿Cómo puede ser que los niños siguieran con sus padres durante tanto tiempo? ¿Se podría haber evitado? La respuesta de los jueces en las conclusiones de su sentencia es que sí. Los magistrados dan una reprimenda a la Diputación de Guipúzcoa y además echan la culpa a sus responsables de la situación de los menores. "La actuación no constituyó un marco de contención eficaz del riesgo. Es más: posibilitó la consolidación de la violencia psicofísica que padecía Juan María, la extensión de la violencia sufrida por el menor al plano sexual y la expansión de la violencia a su hermana". En un párrafo final los jueces arremeten aún más duramente contra quienes no les separaron de sus padres. Los menores "no necesitaban sobrevivir, precisaban vivir. Y para ello, era injustificable crear entornos de respiro abocados a insuflar oxígeno vital mínimo para sufrir una nueva inmersión en un clima irrespirable para todo niño que hace del cariño y la esperanza su envoltorio natural; era ineludible adoptar una decisión, que debió ser tomada años antes; sacarles de la familia de origen, dado que en la misma únicamente sentían el rostro amargo de la violencia".

Esa violencia comenzó mucho antes de que Juan María y su hermana nacieran. Sus padres, José Manuel M. A. y María Jesús B. P., actualmente divorciados, "proceden de familias disfuncionales", según la sentencia. De padres alcohólicos, ambos fueron víctimas de maltrato físico y verbal y María Jesús también de abusos sexuales. José Manuel padece además una sordera.

Juan María fue un niño no deseado que comenzó a ser golpeado desde pequeño. No le dejaban jugar con sus juguetes, ni salir al parque, y le privaban de tener relaciones sociales. La sentencia asegura que el niño quedó "estrangulado" en el conflicto de la pareja. El niño ha padecido alopecia y delgadez extrema. Es retraído, tiene epilepsia y tanto su hermana como él muestran una conducta hipersexual. Según la sentencia, el niño veía cómo los padres mantenían relaciones sexuales y en ocasiones, le involucraban en ellas. La madre niega estos hechos.

El director general de Infancia y Juventud de la Diputación, José Insausti, asegura que su departamento puso en marcha todas las medidas que estaban a su alcance: "En 1995 entendimos que el maltrato no tenía la suficiente intensidad como para declarar al niño en desamparo. La separación de los padres no es fácil de decidir ni tampoco es fácil que la acepten los jueces. Y puede conllevar un trauma aún mayor para el menor".

"Todo es mejorable", señala el responsable del departamento, "pero en este caso han participado muchos profesionales y todos han pensado que se estaban tomando las mejores decisiones para salvaguardar el interés del menor. El proceso judicial empieza porque nosotros denunciamos después de una visita del padre cuando ya teníamos la tutela de los niños. El juzgado ha tardado muchos años en resolver sin adoptar ninguna medida cautelar. Aquí han intervenido muchas instituciones".