Cinco años de cárcel por fumigar el jardín

Delito ecológico por fumigar los siete árboles del jardín de su casa. Ésa es la acusación que pesa sobre un jubilado de Barcelona que la próxima semana se sentará en el banquillo. El fiscal solicita para él cinco años y tres meses de prisión. "No soy consciente de haber hecho nada malo", explica Joan Borràs Flavià. A sus 75 años, no sale de su asombro y apunta a que el origen de todo puede ser una riña vecinal.

El conflicto arranca en 2002, cuando Rosa Bonich Bonich le denunció en el Ayuntamiento. La mujer ocupa una de las diversas viviendas que rodean la casa del jubilado, situada en el número 42 de la calle de Baltasar de España, en Sant Joan Despí (Baix Llobregat). Le acusaba de provocarle una grave afección respiratoria a causa de la fumigación de los árboles del jardín: dos naranjos, un mandarino, un níspero, un nogal, un limonero y un avellano.

Después de la denuncia se realizaron diversos informes y análisis y se constató una presencia casi inapreciable de fention y fosmet, dos plaguicidas organofosforados muy utilizados, pero altamente tóxicos y cuyas etiquetas no prohíben su uso en espacios urbanos. En 2005, la vecina se querelló contra Borràs por lesiones. En su opinión, las fumigaciones le habían causado "una grave enfermedad respiratoria y psíquica". El jubilado recuerda que la casa de la mujer está a seis metros de distancia y que otros vecinos contiguos a su vivienda y de edad avanzada nunca se quejaron de ninguna afección.

Nuevos análisis concluyeron que los árboles estaban abandonados y el Juzgado de Instrucción número 2 de Sant Feliu de Llobregat archivó la querella. Pero fue entonces cuando entró en escena la fiscalía, que recurrió y pidió un informe al Instituto Nacional de Toxicología. A partir de ese dictamen, que realiza consideraciones genéricas sobre los efectos que pueden tener los plaguicidas organofosforados sobre la salud, el fiscal pidió al juez que abriera juicio contra Borràs, como así ha ocurrido. Javier Selva, el abogado defensor, no sale de su asombro. "No es razonable sentar en el banquillo a un hombre de esa edad por unos hechos que nunca pueden ser delito y que, en todo caso, se podrían solventar por la vía administrativa", asegura.