Dos años sin poder enterrar a su hijo

Juan Francisco Navarro y Virginia Ibáñez, una pareja de almerienses de 42 y 34 años, no podían tener hijos. Por eso, cuando ella se quedó embarazada a finales de 2007 lo consideraron un "milagro". Siete meses después, su oportunidad de ser padres se esfumó al morir el niño que esperaban tras unas pruebas de glucosa. La investigación judicial dura ya 21 meses, el mismo tiempo que esta familia lleva esperando que el Instituto Nacional de Toxicología en Sevilla analice las muestras de su bebé para determinar si hubo negligencia médica. A falta de este informe, el cadáver de su hijo permanece en una cámara frigorífica del tanatorio de Almería y los padres aún no lo han enterrado, ya que no descartan encargar una segunda autopsia.

"Todo lo que tenía que perder ya me lo han quitado", dice el padre

Tras el colapso hay 3.000 cadáveres y retrasos que afectan a herencias

Este dramático caso es el último apéndice de un atasco que tiene detrás más de 3.000 muertos entre las sedes de Sevilla y Barcelona, según admite Antonio Gómez, director del Instituto, y que está eternizando el reparto de herencias y cobros de seguros. Los análisis de muestras biológicas para aclarar las muertes por causas violentas y naturales se multiplican y los facultativos batallan para ponerse al día. Sin embargo, el atasco en dos de las tres sedes junto a Madrid y la delegación de Tenerife, que dependen del Ministerio de Justicia, se mantiene porque el aumento de plantilla es insuficiente y las instalaciones requieren una ampliación.

"Sevilla y Barcelona tienen esa pendencia por exceso de envío de muestras de casos de muerte súbita", alega Gómez. Toxicología ingresa cada año 35.000 asuntos y su director asegura que tras una severa reestructuración ha logrado un equilibrio y en 2010 ya son resueltos tantos casos como recepcionan. Joaquín Lucena, jefe de servicio de patología forense de Sevilla, discrepa: "El atasco lo veo igual que hace tres años. Eso sí, ahora están sacando los análisis de muertes violentas, pero las muertes naturales se quedan un poco en el limbo".

El problema es poliédrico. El desaparecido cuerpo de médicos del registro civil certificaba antaño muertes que hoy nadie certifica, por lo que cada día se solicitan más análisis de tejidos u órganos para aclarar las defunciones. Mientras, en casos espinosos con posibles denuncias ulteriores, los forenses completan los análisis macroscópicos y reclaman cada vez más muestras a Toxicología para las autopsias.

Mientras que la sede del instituto en Madrid se potenció, la capital andaluza soporta análisis pendientes desde 2007. Tras 20 años, en 2009 se convocaron las primeras oposiciones con grandes quejas entre los sindicatos y la resaca ha dejado al departamento de Biología sevillano con sólo cuatro facultativos.

"Mientras que Alemania y Francia realizan cada una unos 9.000 análisis toxicológicos al año, España se dispara hasta los 16.000. Hay que estudiar sólo las muertes violentas, no ser un complemento de la problemática sanitaria", protesta Gómez. El Toxicológico fue creado para analizar muertes violentas, pero sus tres sedes asumen ya más muertes naturales. El desfase de años afecta a muertes súbitas de fetos y provoca dramas familiares, pero también deja en suspenso herencias y cobros de seguros que se eternizan. Estos retrasos son especialmente alarmantes en Sevilla. Su directora, María Luisa Soria, admite un "gran atasco", pero sin cifrar los casos. Soria apunta a la falta de espacio como una de las principales razones de la lista de espera del centro, que limita nuevos incrementos de la plantilla, formada por 84 trabajadores.

Mientras, la larga espera que soportan Navarro e Ibáñez, unida al alto riesgo de descomposición del cuerpo del bebé, del que los forenses alertaron ya el pasado verano, llevó a este matrimonio a escribir al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para pedirle una solución a su caso. Le recordaban que, pese a su crudeza, no es ni mucho menos excepcional, dada la sobrecarga de casos que soporta el centro sevillano.

Su primera petición, la relativa a su hijo, está ya en camino de resolverse después de que, el pasado lunes el juzgado instructor reclamara por vez primera los resultados del estudio. En Sevilla se han puesto manos a la obra sobre el caso, cuyo informe será remitido con presteza. "Cuento lo que me pasó porque todo lo que tenía que perder ya me lo han quitado. Lo grave es que aún hay muchos casos como el nuestro", lamenta Navarro.