Los arzobispados de Madrid y Valencia combaten las apostasías en los tribunales

Darse de baja de la Iglesia católica no es asunto fácil, especialmente en Valencia y Madrid. Estos dos arzobispados están empeñados en llevar hasta el final su oposición a las personas que exigen que se les borre de los libros parroquiales de bautismo. Hasta el punto de acudir a la Audiencia Nacional para combatir las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos que conminan a la Iglesia a anotar en sus registros la solicitud de apostatar de quien lo pide y cancelar sus datos. La mayoría de las jurisdicciones eclesiásticas han atendido la petición.

La Agencia Española de Protección de Datos ha tramitado 47 peticiones para causar baja en la Iglesia católica, según los datos de la página web de este organismo. En todas ha dado la razón a los demandantes y ha requerido a las autoridades eclesiásticas que remitan a los solicitantes un certificado en el que "se haga constar que se ha anotado en su partida de bautismo que ha ejercido el derecho de cancelación". Se trata de casos de toda España que han atendido esta resolución excepto los referidos al arzobispado de Valencia (10 ocasiones) y el de Madrid (2). Ambos han presentado recursos contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para impedir modificar las actas de bautismo.

El camino de la apostasía suele comenzar en el registro de un arzobispado, donde se presenta la solicitud de desaparecer de los registros y libros de bautismo. A ellos se han dirigido miles de españoles, ya sea a título individual o colectivo en actos masivos de renuncia. El más reciente de este tipo fue el organizado en Valencia en junio de 2006, coincidiendo con la visita de Benedicto XVI, en el que se presentaron 1.500 documentos. "Estuvimos tres días en el arzobispado, de 9.30 a 13.00, presentando papeles", recuerda Maribel Romero, una de las organizadoras de la protesta. En Madrid, en 2004 hubo otra petición similar con 1.500 escritos promovido por gays, feministas y grupos laicos.

La respuesta a estas reclamaciones es de lo más heterogénea en función del obispado o arzobispado en el que se presenten. Los menos, como el de Santander, Barcelona o San Sebastián, ni siquiera piden una copia del DNI. "Certifico que ha quedado anotada en su partida de bautismo el hecho de que usted ha ejercitado su derecho de cancelación y por tanto que sus datos de carácter personal han sido bloqueados", respondió el septiembre pasado el obispado de Cuenca a un solicitante.

Trabas burocráticas

Pero lo más normal es que se pongan trabas: pedir la partida de bautismo, un documento que acredite la identidad del demandante o un acta notarial. Hay arzobispados, como el de Burgos, que aconsejan "repensar" la decisión "porque siempre es hora de rectificar". Otros, como el de Valencia, directamente rechazan la posibilidad de darse de baja: "El libro de bautismo (...) contiene actas de hechos que hacen referencia al hecho histórico del bautismo de una persona sin que se identifique a la misma como miembro de la Iglesia católica, por lo que no procede la destrucción ni la rectificación de sus asientos", respondió este arzobispado a una petición de 2004. Este arzobispado apela también a los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede que reconoce "la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos de las curias episcopales".

Para evitar esta disparidad de criterios, los apóstatas han encontrado en la Agencia Española de Protección de Datos una solución que les permite puentear a las autoridades religiosas. Este organismo considera que esta confesión no cuenta con ficheros de sus miembros "puesto que el registro bautismal no es identificable con la pertenencia a la Iglesia católica". Sin embargo, recuerda que la Ley de Protección de Datos dice que las informaciones de carácter personal "serán exactas y puestas al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado", lo que se debe traducir en una anotación marginal en la partida de bautismo "a fin de que se haga constar el ejercicio del derecho de cancelación".

Así lo han hecho jurisdicciones eclesiásticas como las de Canarias, Coria-Cáceres, Tui-Vigo, Almería, Jaen o Santiago. Valencia -cuyos portavoces prefirieron ayer no manifestarse- y Madrid se niegan.