Tres autonomías reciben más dinero para dependencia del que reparten

El Gobierno aporta más de la mitad de lo que cuesta la Ley de Dependencia (un 55,7% del total de los fondos que se destinan, sin tener en cuenta los territorios forales ni Ceuta y Melilla), las comunidades se encargan del 27,5% y los usuarios, del resto (un 16,8%). Pero no todas las autonomías están haciendo el mismo esfuerzo. A tres de ellas, Canarias, Baleares y Murcia, les basta con el dinero que reciben del Estado para atender a los ciudadanos que tienen registrados en el sistema y aún les sobra. Un informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha establecido el coste por persona dependiente en 9.256 euros anuales. De ellos, el Estado aporta una media de 5.155, pero algunas comunidades, como Canarias, reciben 11.510 euros por dependiente; Baleares, Madrid y Extremadura por encima de los 7.500 y a la Comunidad Valenciana y Murcia les llega más de 6.100 por persona atendida.

"Algunas comunidades, en lugar de quejarse de la financiación, deberían explicar qué están haciendo con el dinero que reciben y que no emplean en Dependencia, y por qué no están aportando al menos la mitad de lo que les da el Estado, tal y como establece la ley", reclama el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

A falta de datos públicos (las comunidades no especifican lo que destinan a la Dependencia) esta asociación ha determinado lo que cuesta al mes, como promedio, cada servicio, es decir, una plaza en una residencia (1.700 euros), en un centro de día (700) o la ayuda a domicilio (751,50). Y lo ha hecho generosamente, atendiendo a los precios más altos. A ello han sumado las prestaciones económicas que se establecen por la ley. Con un total (siempre sin los territorios forales, que siguen otra vía de financiación, ni Ceuta y Melilla, de las que se encarga el Gobierno) de 375.384 personas atendidas en la actualidad, el coste de la Dependencia se fijaría en 3.474 millones de euros anuales.

El Gobierno aporta 1.935 millones de euros; el usuario, mediante el copago, pone 585 millones; por tanto, las comunidades se encargan de 954 millones.

El Gobierno financia la Dependencia por dos vías, el nivel mínimo y el acordado. Y las comunidades están obligadas por ley a poner al menos lo mismo que reciben del Estado. En el gráfico de arriba se aprecia cómo algunas comunidades, efectivamente, igualaban o superaban al Gobierno en sus aportaciones, mientras que otras se quedaban mucho más cortas. Hasta que el Ejecutivo decidió incorporar un dinero extra (373 millones). Eso ha desequilibrado aún más las aportaciones en algunas comunidades, hasta el punto de que les basta y les sobra con el dinero del Estado para atender a sus dependientes. Canarias (-37%), Baleares (-7,9%) y Murcia (-6,6%) han llenado las arcas por encima de los gastos que pueden justificar. Y otras, como Extremadura, Galicia o Cataluña tampoco salen muy bien paradas con estos datos.

Por el contrario, comunidades autónomas como Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Andalucía o Castilla-La Mancha presentan un buen saldo. "El sistema de financiación de la Dependencia es perfectamente sostenible, en contra de lo que afirman algunos estudios, pero es imprescindible revisarlo. Hay que financiar en función del reconocimiento del derecho a una ayuda de las personas y de acuerdo con la prestación que finalmente se le asigne a cada dependiente", afirma el presidente de la asociación de directores de servicios sociales. Ramírez explica que, de esta forma "se evitaría que algunas comunidades hagan caja a costa de la financiación y no atiendan a las personas que precisan ayuda urgentemente".

Esta asociación reclama, además, un "control exhaustivo sobre el dinero que se está transfiriendo a las comunidades y sobre los compromisos que éstas adquieren para el uso de estos fondos".

Un informe sobre la Ley de Dependencia que se encargó a la Agencia de Evaluación del Estado ya puso de manifiesto la oscuridad de las comunidades autónomas a la hora de presentar sus cuentas, la necesidad de que se reforme el Imserso y que se exijan responsabilidades a aquellas administraciones que no cumplan con la ley. "Todo ello está aún pendiente", afirma Ramírez.