Un cadáver permanece cuatro meses identificado en un hospital de Santander sin que lo sepa la familia

"Que desaparezca una persona, que sus familiares se pasen cuatro meses buscándola y que luego se enteren por un allegado que lleva todo ese tiempo identificado en un depósito de cadáveres, ¿es el funcionamiento normal de la Administración?", se pregunta Manuel Barquín. Una orden ministerial afirma que no puede apreciarse "ninguna irregularidad ni mal funcionamiento del servicio".

Su hermano Cesáreo, de 34 años, desapareció en Santander el 12 de junio de 2004. Tres días más tarde apareció muerto por sobredosis de cocaína en un piso de la capital cántabra. El juez y el forense ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al depósito de cadáveres, donde llegó identificado con su DNI en el bolsillo.

Los seis hermanos de Cesáreo, que desconocían su muerte, denunciaron a la policía la desaparición de su familiar, pero les recomendaron que esperaran porque a veces la gente se va voluntariamente. Pasaban los días y Cesáreo seguía sin aparecer. “Decidimos no esperar más y denunciarlo por escrito”, explica Manuel. Casi tres meses después otro de sus hermanos, Rafael, se personó en comisaría para volver a denunciar los hechos, pero no le aseguraron nada. La policía informó al juez y quedaron a la espera de sus instrucciones, que llegaron veinte días después. El juez pidió urgentemente información sobre la localización de los familiares del fallecido y la Comisaría pensaba que los trámites judiciales estarían cumplimentados. Para entonces, el cuerpo de Cesáreo llevaba ya más de tres meses en el depósito y la familia seguía buscándole con la esperanza de que aún vivía.

Aún hubo que esperar un mes más, hasta que un primo de Cesáreo que trabaja en el hospital Valdecilla escuchó una conversación entre varias personas que comentaban que no sabían qué iban a hacer con un cadáver que llevaba ahí mucho tiempo sin reclamar. Después, nombraron a Cesáreo.

Así fue como la familia Barquín se enteró de la muerte de Cesáreo. Cuatro meses después y de pura casualidad: "Un golpe terrible", dice su hermano Manuel. A partir de entonces, la familia inició una batalla legal para aclarar las causas de tanto despropósito.

La familia inició un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal de sus servicios contra el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia. El 26 de diciembre de 2006 se desestimó la reclamación. La orden ministerial explica que los miembros de la Policía Judicial obraron en todo momento "conforme a las instrucciones del juzgado, limitándose a identificar al fallecido y averiguar las circunstancias de la muerte. La responsabilidad del cadáver, y de su atención por parte de los familiares, no es del servicio policial". La orden expone también que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander practicó "todas las actuaciones legalmente exigidas para la averiguación de las causas de la muerte de Cesáreo, así como aquellas actuaciones complementarias para localizar el paradero de sus posibles familiares, de conformidad con lo dispuesto en las leyes".