El castigo físico a menores, una práctica común

El castigo corporal es una práctica habitual contra niños y adolescentes en todo el mundo, según un informe publicado hoy por la CIDH, que recuerda que sólo 24 países lo prohíben legalmente, tres de ellos en América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció en su informe que el castigo corporal es una práctica "aceptada y tolerada" en la mayoría de las regiones del mundo "como una manera de disciplina y control" de los menores por parte de los adultos responsables de su cuidado y protección.

La Comisión, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), indica que en el ámbito de la jurisdicción de los países miembros de la OEA, el castigo corporal como método de disciplina es aceptado por las sociedades y tolerado por los países.

En este sentido, señala que sólo 24 Estados prohíben legalmente el castigo corporal -incluso en el hogar-, de los que sólo tres son miembros de la OEA, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Pese a que la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niños, la CIDH indica que "pocos han adecuado plenamente su derecho interno" a los criterios de la Convención.

No obstante, señala que en los últimos tres años países como Perú, Brasil, Canadá y Nicaragua han presentado iniciativas legislativas para prohibir el castigo corporal contra los menores. La CIDH subraya que el deber de protección de los derechos del niño que tiene el Estado "exige la adopción de medidas legislativas que prohíban en forma explicita el castigo corporal contra niños y adolescentes", tanto en el hogar, como en la escuela y en las instituciones responsables de su cuidado.

Por ello, la Comisión pide que los Estados prohíban toda forma de violencia contra la infancia, niñez y adolescencia y pide políticas públicas con un enfoque integral de los derechos del niño. Asimismo, les pide que pongan en marcha mecanismos de prevención y respuesta contra la violencia infantil con mecanismos que les permita ser escuchados y presentar denuncias y da de plazo hasta 2011 para que los países informen sobre las medidas adoptadas.