Una censura encubierta y estúpida

El Ministerio de Igualdad ha pedido "recortar" las informaciones sobre violencia machista en televisión. Su petición resulta asombrosa en un país cuya Constitución ampara venturosamente, en su artículo 20, la libertad de información y expresión, con las únicas limitaciones derivadas de la protección del derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia. Un paso más en esa dirección y habría que recortar, por los razonamientos invocados en su propuesta, a Shakespeare (¡pobre Desdémona!), a Maupassant, Poe, Dickens, Hemingway, Faulkner y a todo el maravilloso cine negro norteamericano (omito al marqués de Sade, cuyas obras completas han sido rescatadas por Gallimard con todos los honores). O habría que cubrir las venerables representaciones de santas cristianas martirizadas que cuelgan de nuestros museos. De Caravaggio en adelante, la purga resultaría espectacular.

Es evidente que la propuesta enviada a las televisiones -uno recuerda las circulares a los medios que se prodigaban bajo la dictadura franquista- nace de un sentimiento bienintencionado. ¡Faltaría más! Pero cualquier jurista recién diplomado podría explicar que de los dos bienes jurídicos que se desea proteger, el de la hipotética protección contra la violencia de género y la libertad de información, el segundo prevalece en un ordenamiento jurídico democrático. La piadosa "recomendación" no es más, digámoslo en lenguaje llano, que una forma de censura encubierta que no oculta su impudicia. A lo que habría que añadir el viejo y exacto aforismo que asegura que se sabe cómo empiezan las censuras, pero nunca cómo acaban.

Los psicólogos que han estudiado, desde hace muchos años, los efectos de la violencia expuesta en los medios sobre sus audiencias descalificaron desde hace tiempo el llamado "efecto hipodérmico", a saber, la causalidad mecánica entre escenificación de la violencia y conductas violentas. Aunque está comprobado que los espectadores con perfil patológico pueden resultar estimulados por tales mensajes. Por eso se habla de "grupos de riesgo" en las audiencias (público infantil, psicópatas, etcétera). Y legislar tomando como baremo estándar los "grupos de riesgo" es, además de contrario a derecho, una arbitrariedad y una solemne estupidez.

Román Gubern es catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de Barcelona.