Los centros de Morín hicieron abortos ilegales de 30 semanas

Las clínicas del grupo Ginemedex-TCB de Barcelona practicaron abortos ilegales de hasta 30 semanas de gestación a los que se les dio apariencia de legalidad. Para justificarlo, los psiquiatras de esos centros certificaron que la salud de la madre corría peligro cuando en realidad no era así. Estos datos constan en el sumario de la causa al que ha tenido acceso EL PAÍS y que asume la juez del caso, Elisabet Castelló, que el pasado día 7 levantó el secreto sumarial.

Diversas mujeres declararon a la Guardia Civil en el juzgado que el mismo día que acudieron a la visita a las clínicas acabaron abortando, aunque no estaban incluidas en ninguno de los tres supuestos que prevé la ley. Uno de ellos no marca límite temporal si existe un riesgo físico o psíquico para la gestante, aunque debe ir avalado por un informe médico o psiquiátrico.

Según el relato coincidente de las mujeres, en las clínicas se les dio un papel en blanco para que lo firmaran y que luego fue manipulado. En esos centros gestionados por Carlos Morín se realizaron el año pasado 2.780 abortos. Según declaró ese médico, en el 97% de los casos existía riesgo para la salud de la madre y en otro 2% fue para evitar malformaciones del feto. En este último caso, se requiere el informe de dos médicos y se ha de abortar antes de 22 semanas.

En las conversaciones telefónicas figura la consulta de una mujer de Cáceres que desea abortar en la semana 27 de gestación tras conocer que al feto se le ha detectado una grave enfermedad en el corazón. También se menciona el caso de otra mujer de 37 años embarazada de 30 semanas y el de otra gestante de 33 semanas, aunque no se detallan las circunstancias de cada una. En los libros de las clínicas, la fecha de gestación más elevada que figura es de 24 semanas, según la Guardia Civil. Para poder abortar, las mujeres abonaban entre 500 y 4.000 euros.

Morín también declaró que sólo el 1% de los abortos fueron de mujeres violadas. En ese supuesto se requiere una denuncia previa y se ha de abortar en las primeras 12 semanas.

Dos testigos protegidos declararon a los Mossos d'Esquadra que en las clínicas abortistas existían trituradoras para deshacerse de los fetos, pero en los informes emitidos por la Guardia Civil tras los registros en las clínicas nada se dice de ello. Uno de esos testigos llegó a relatar que los fetos "se congelaban de noche y se trituraban de día".