El colegio también paga por los golpes e insultos entre alumnos

Un colegio privado de Madrid ha sido condenado a pagar 30.000 euros por un caso de acoso escolar que se vivió en sus aulas en junio de 2006. Tras una primera sentencia desfavorable, los padres del alumno han ganado ante la Audiencia Provincial, que ha condenado al colegio suizo de Alcobendas (Madrid) a la mayor sanción impuesta por este delito en Europa, según los demandantes. En la actualidad, se calcula que entre un 2% y un 3% de los escolares son víctimas o verdugos, un problema que se acentúa en la etapa de secundaria.

La sentencia, conocida ayer, no es la primera impuesta en España a un colegio por una actuación negligente ante un caso de acoso escolar. Dos episodios violentos ocurridos en las aulas se saldaron también con sendas multas a los centros, aunque no tan cuantiosas. En Vitoria se condenó a una ikastola en 2005 a pagar 12.000 euros por no atajar "inmediatamente" el acoso "grave y continuado" a una chica de 13 años, y en Écija (Sevilla), un año después, un colegio concertado tuvo que indemnizar con la misma cuantía a una alumna que soportó agresiones psicológicas "reiteradas y constantes" por parte de sus compañeros.

La violencia escolar y los episodios de agresiones han existido siempre, pero el caso de Jokin, un chaval vasco de 14 años que se suicidó en 2004 tras un acoso continuado, supuso un aldabonazo en la conciencia colectiva. Desde entonces no se habla ni se actúa con displicencia de este problema. Las tres sentencias lo atestiguan.

El caso cuya resolución se ha conocido ahora se hizo público en 2006, cuando un grupo de alumnos golpeó al hijo de Fernando Sacristán y lo grabó entre risotadas y jaleos violentos. El padre acudió al colegio y se hizo con la grabación, lo que le supuso una denuncia por parte del centro escolar. El chico fue trasladado a otro centro. En una primera sentencia del juzgado de instrucción número 1 de Alcobendas se dictaminó que era un caso aislado, a pesar de que la familia aseguraba que el niño llevaba dos años sufriendo la violencia de sus compañeros. Ahora se ha venido a decir que no.

Lo que se conoce como ciberacoso ha tenido en España otros dramáticos ejemplos, a veces entre chicos muy jóvenes. Precisamente por eso las escuelas están en alerta ante el acoso escolar, un fenómeno que comenzó a tomarse en serio y ser estudiado en profundidad en los años noventa. Y se han puesto medios para atajarlo. "Todas las consejerías de Educación tienen algún departamento que se encarga de estos asuntos. Es un problema que cuenta con la sensibilidad social aunque es complicado combatirlo del todo", explica el presidente de la federación laica de padres de alumnos (Ceapa), Pedro Rascón.

En el País Vasco, por ejemplo, se han establecido recientemente medidas para sancionar de forma inmediata sucesos de violencia entre iguales, otorgando el peso de la actuación a la dirección y docentes del centro; antes debía pasar por el Consejo Escolar, lo que demoraba el proceso y disipaba la sanción. "Hace unos años nos pilló por sorpresa este fenómeno, pero ahora la comunidad escolar tiene protocolos de actuación y está vigilante", afirma el presidente de Fedadi, la federación mayoritaria de directivos de institutos, José Antonio Martínez.

Sobre el matonismo escolar se han dado toda suerte de datos y se han tomado medidas como impedir llevar a clase teléfonos móviles o videoconsolas. Las agresiones escolares no se dan por igual en todos los centros. Mientras en los privados el 14,6% de los alumnos declara agredir a sus compañeros, la tasa desciende al 7,5% de los alumnos de los públicos y el 6,3% de los concertados, según datos del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Cifras aún más bajas se manejan en el Observatorio Estatal contra la violencia escolar, donde se afirma que no se pasa de un 3% de alumnos implicados.

La violencia en las escuelas no siempre es entre iguales, más bien se dan casos entre alumnos de secundaria y profesores, como puso de manifiesto una encuesta en todos los centros de Castilla y León. El Gobierno firmó hace un par de años con los sindicatos un acuerdo que garantizaba respaldo jurídico a profesores y alumnos víctimas de acoso o violencia.

La comunidad escolar no es muy proclive a judicializar la vida en los centros, salvo en los casos intolerables. Por eso muchos institutos tienen su propio proyecto para afrontar estos asuntos, en ocasiones un convenio firmado por profesores y alumnos donde se califican las faltas y se les pone el castigo acordado.