El coste que da el Gobierno de la dependencia está basado en estimaciones

La evaluación oficial de la Ley de Dependencia que ha publicado el Gobierno ofrece datos económicos sobre el coste de la implantación del sistema, pero sea porque las comunidades no quieren ofrecer datos reales o porque el Gobierno no se los exige, los datos ofrecidos se basan en cálculos estimativos. Cuatro años después, la opacidad sobre lo que aportan las comunidades por los nuevos dependientes atendidos persiste. Dos comunidades autónomas, la Valenciana y la de Madrid, atacaron ayer el documento, que consideran manipulado con fines electorales.

El informe lo expresa así: "Las limitaciones de la información proporcionada por las comunidades autónomas a través de los cuestionarios enviados han exigido el realizar un análisis basado tanto en la información del gasto de la Administración General del Estado como en la estimación del gasto de las comunidades a partir de fuentes secundarias que proporcionan información sobre promedio de prestaciones, precios de los servicios, prestaciones económicas, estimación del copago y del coste de gestión del sistema".

¿Son o no fuentes secundarias y estimaciones? "Una parte de los datos económicos sí, unas comunidades nos los han dado con más precisión que otras, eran muy desiguales, pero se han contrastado y lo que se dice es cierto. Han trabajado en ello grandes expertos económicos, el estudio es muy solvente", asegura Purificación Causapié, directora del Imserso. En lo económico "hemos podido trabajar con lo que hemos podido. Pero, finalmente, los datos coinciden con los que ellos mandaron", insiste. Tampoco parece posible conocer qué comunidades no han enviado los datos que se reclamaban. Respecto al cuestionario completo, solo una no lo ha contestado, Baleares. ¿Por qué? "Alegaban problemas técnicos", dice Causapié.