Los creadores suavizan su plan 'antidescargas'

Legislar sobre las descargas en Internet se ha convertido en una patata caliente que va pasando de mano en mano sin que nadie, comenzando por el Gobierno, quiera cocinarla. La industria cultural, la más interesada en que se regule la materia, ofreció ayer una ayuda: está a dispuesta a aceptar que el máximo castigo que reciban los internautas que realicen descargas masivas sea el de reducir temporalmente el ancho de banda de su acceso a Internet, sin que se contemple en ningún caso la desconexión, como ocurre en el modelo francés.

La propuesta ha partido de Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la plataforma que engloba a la industria cultural, y con ella trata de desbloquear las negociaciones que mantienen con los operadores de acceso a Internet, representados por Redtel, que se niegan en redondo a ejercer de policías para vigilar lo que descargan sus clientes.

La fórmula elegida de reducir la velocidad de conexión es mucho más digerible jurídicamente, y más fácil de aplicar técnicamente. De hecho, los operadores ya lo practican para evitar saturaciones de tráfico o, en el caso de los móviles, cuando el cliente sobrepasa un consumo.

No obstante, no será fácil que Redtel (Telefónica, Orange, Vodafone y Ono) se resigne. Su postura, como volvió ayer a insistir su directora general, Maite Arcos, es que si alguien quiere controlar a sus clientes, que sea el Gobierno quien legisle y se haga responsable. El Ejecutivo no lo va a tener fácil. El PP lo sabe y ha hecho bandera política del asunto: recurrirá cualquier ley antidescargas.