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Los criminólogos exigen que se homologue su título para poder ejercer la profesión

Cerca de 10.000 alumnos estudian la diplomatura en toda España

Ferran Bono

Los cerca de 10.000 alumnos de criminología en España, una vez concluyan los estudios, muy difícilmente podrán encontrar trabajo por la sencilla razón de que el título de diplomado no está homologado por el Ministerio de Educación. En consecuencia, ni en los juzgados, ni en las comisarías, ni en las oficinas de atención a las víctimas del délito, ni en otros centros que desempeñan una labor correspondiente a la citada formación, existen plazas específicas con el perfil de criminólogo.Y ello pese a la expresa mención que de su trabajo se hace en el Código Penal (en el nuevo también) que dice: "se requerirá el informe criminológico..". Dicho informe suele encomendarse a abogados, asistentes sociales, policías especializados o psicólogos "que no han recibido la formación especializada que nos han impartido a nosotros", afirma Salvador Ruiz, portavoz de la Asociación Española de Criminólogos. Tan sólo las instituciones penitenciarias, desde 1979, reclaman funcionarios diplomados en criminología. Ruiz insiste en que la homologación es imprescindible para regular una profesión cuyo ejercicio está extendido en Europa y América desde el siglo XIX.

"Verdadera estafa"

El pasado día 20, los estudiantes se manifestaron en toda España con el propósito de hacer pública, una vez más, su precaria situación que, según explica el mismo portavoz, ha llegado a convertirse en "una verdadera estafa porque pagamos al Estado en torno a las 50.000 pesetas de matrícula al año, pero no tenemos un título homologado ni posibilidades reales de trabajar como criminólogos". Lógicamente se preguntan para qué les sirve el papel que constata que son graduados o diplomados superiores si luego no pueden ejercer.Actualmente los 15 Institutos de Criminología de España -hay dos escuelas privadas en Barcelona y Sevilla- están adscritos a los departamentos de Derecho Penal de la s distintas Universidades. Los estudiantes y criminólogos vuelven a preguntarse: "¿acaso es una especialidad de Derecho?; ¿una formación de postgrado o complementaria?".

Tampoco existe homogeneidad en los programas de cada centro, en los requisitos de acceso, ni en la validez de los diplomas o títulos, ni tan siquiera en la denominación de los mismos, por eso los criminólogos exigen la conversión de los institutos en escuelas universitarias y posteriormente en facultades de criminología.

En la actualidad, el plan de estudios consta de tres o cuatro cursos de un año y para acceder a ellos se necesita tener el COU y la selectividad o haber superado las pruebas para mayores de 25 años. Los criminólogos que únicamente tengan este título no pueden acceder ni al Cuerpo Nacional de Policía en el que se exige ser diplomado universitario de primer ciclo, una circunstancia que. no cumplen al no estar homologados, "mientras que un ATS o un estudiante que haya completado tres cursos de psicología sí puede hacerlo", comenta Ruiz, quien también destaca la contradicción que supone el hecho de que muchos de los criminólogos acaban por dedicarse a impartir clases de formación a los futuros policías en academias privadas teniendo ellos vedada su entrada en las fuerzas de seguridad.

De hecho, uno de los mayores problemas con que se enfrentan los criminólogos es el solapamiento de sus funciones con otras profesiones y estudios. Las salidas laborales, a tenor de las asignaturas impartidas por profesores y catedráticos universitarios de diversas disciplinas -Psicología, Sociología, Estadística, Derecho Penal, Derecho Procesal, Medicina Legal, Psiquitría Forense, Policía Científica, Victimología, entre otras- y del espíritu de la Constitución Española y el Nuevo Código Penal, están orientadas, según un documento de la Asociación Española de Criminólogos, hacia la coordinación de grupos interdisciplinares y en las labores de seguimiento no sólo del delincuente y la víctima sino también del entorno social donde sucede el hecho.

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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