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Entrevista:FRANCISCO ALARCOS y PABLO SIMÓN | Miembros del Comité de Ética andaluz

"Lo más cristiano es evitar que alguien se muera como un perro"

Un sacerdote y un médico partidario de debatir la despenalización de la eutanasia son los autores de la ponencia en la que se basará la futura ley andaluza sobre muerte digna. "No hemos tenido ninguna discrepancia", aseguran.

Reyes Rincón

Andalucía empezó esta semana a debatir los contenidos de su futura Ley de Dignidad ante el Proceso de la Muerte, una norma que fijará los derechos de los pacientes y respaldará la labor de los médicos ante las sedaciones terminales, la retirada de máquinas que atan al enfermo a la vida, como los respiradores artificiales, y el rechazo de tratamiento por parte de pacientes sin posibilidad de curación.

El borrador de la ley no estará listo hasta después del verano, pero las bases de las que saldrá se recogen en la ponencia Ética y Muerte Digna, un documento encargado por la Consejería andaluza de Salud a dos miembros de su Comité de Ética e Investigación: Francisco Alarcos (Cúllar, Granada, 1963), sacerdote en una parroquia de Guadix, doctor en Teología y experto en Bioética; y Pablo Simón (Zaragoza, 1965), doctor en Medicina, miembro del Comité Nacional de Ética y defensor de ir dando pasos hacia la despenalización de la eutanasia. Pero todavía no ha llegado "el momento" de abrir ese debate en España, reconoce.

Simón: "No es una ley de eutanasia. El que la llame así no sabe de qué habla"
Alarcos: "La reflexión que hizo el cardenal Amigo es pertinente"
Alarcos: "No hemos tenido discrepancias. Nuestra ponencia establece consensos"
Simón: "La Iglesia verá que el texto no contradice su doctrina"

El sacerdote Alarcos ("sin orden, cura de parroquia") sostiene que la Iglesia es la más firme defensora del "bien morir", por eso no ha encontrado "ninguna discrepancia" con Simón para redactar la ponencia. Vaticinan que la jerarquía de la Iglesia católica tampoco encontrará puntos de discordia con la ley en la que ellos están trabajando.

Pregunta. ¿Cómo se concilia la postura de un sacerdote con la de un defensor de avanzar hacia la despenalización de la eutanasia?

Francisco Alarcos. No hemos tenido ninguna discrepancia. La ponencia que hemos redactado trata de establecer consensos mayoritarios desde diferentes posiciones. La cultura católica, en este tema en concreto, tiene un consenso bastante amplio.

Pablo Simón. Si esta ley se planteara en términos de eutanasia, no podría haber consenso. La fortuna de esta ley es que propicia el consenso entre una ética civil o laica, que es mi posición, y una moral cristiano-católica, que es la de Paco.

P. ¿Es necesario legislar sobre la muerte digna?

P. S. Es una ley necesaria porque ayuda a los profesionales y a los ciudadanos a aclarar escenarios en los que podría haber confusión. Hay cierta predisposición a identificar esto con eutanasia y nos parece un error y, a menudo, una manipulación. Ésta no es una ley de eutanasia. El que la llame en estos términos no sabe de lo que está hablando.

F. A. También es una virtud poner de manifiesto que hay un amplio consenso en estos temas, que, cuando se clarifican, la mayoría de los ciudadanos tiene un marco claro de lo que entiende que es vivir y morir como seres humanos, como personas que tienen dignidad.

P. ¿Ahora no está garantizado el derecho a morir dignamente?

F. A. No hay una ley que lo regule, aunque sí hay buena praxis sanitaria. La mayoría de la gente muere dignamente: rodeada de un entorno afectivo y con su sufrimiento físico y espiritual paliado. Lo que pasa es que formular la dignidad y bajarla a los derechos concretos es innovador, pero no es que hasta hoy no se haya muerto dignamente.

P. S. Sí que hay garantía de muerte digna, pero las prácticas están muy dispersas y esta ley las lleva al lenguaje de derechos para los pacientes y deberes para los profesionales y autoridades sanitarias.

P. ¿Usted hubiera preferido que se abordara la eutanasia?

P. S. Es un debate que la sociedad española tiene que tener en su momento. Esta ley facilita que posteriormente, si la sociedad lo pide, lo tengamos. La ley es la adecuada y la necesaria en este momento.

P. Cuando los dirigentes de la Iglesia lean su propuesta, ¿tendrán argumentos para oponerse?

F. A. Los dirigentes de la Iglesia católica, y en concreto unas declaraciones del cardenal Amigo, no contradicen la posición de la Iglesia. Y Amigo en ningún momento ha cuestionado los términos de la ponencia. Ha dicho que no considera esta ley como lo más prioritario porque hay otros temas que son de más urgencia. Y en esto yo estaría de acuerdo. Por ejemplo, la asistencia de calidad es una primera urgencia social. Creo que el cardenal quiere decir que hay que redoblar los esfuerzos para dar prestaciones de calidad que permitan vivir la enfermedad y, en su caso la muerte, en un marco de excelencia.

P. Amigo dijo que la ley es "un entretenimiento indigno".

F. A. Tiene perfecto derecho a decir que a lo mejor no había que entretenerse tanto en esto y sí más en que no haya tres pacientes por habitación en algunos hospitales, sino uno. La reflexión que Amigo hace es pertinente. Su sensibilidad franciscana le hace cuidar especialmente la vida.

P. ¿Usted calificaría la ley en la que está trabajando como un entretenimiento indigno?

F. A. No. Pero el tema es que su apreciación al decir entretenimiento es llamar la atención sobre otros temas importantes.

P. S. A mí no me cabe la menor duda de que cuando Amigo y otros miembros de la jerarquía lean el texto se van a dar cuenta de que no contradice ningún postulado de la doctrina oficial.

P. ¿Pasaría esta ley el filtro del Vaticano?

F. A. Claro que sí. La norma tiene un marco de argumentación y reflexión que no tiene dificultad en ser asumido.

P. El caso de Inmaculada Echevarría [la mujer que pidió en público que le retiraran el respirador artificial y tardó seis meses en lograrlo] corresponde a un supuesto que la ley regulará, y la Iglesia se opuso a su petición.

F. A. Eso tiene sus matices. Ese caso se resolvió y no hubo un posicionamiento oficial en contra de la Conferencia Episcopal.

P. S. Es muy importante. No hubo pronunciamiento oficial, sólo opiniones de algunos obispos.

P. Estaba ingresada en un hospital religioso y tuvo que irse a uno público para morir.

F. A. Lo que hemos hecho durante 2.000 años los cristianos ha sido acompañar a bien morir. Lo que pasa es que hemos vivido un salto cualitativo. Acompañar a bien morir hace 80 años en el caso de Echevarría no hubiera tenido ninguna dificultad. Pero hemos incorporado una alta tecnología de soporte vital que nos plantea otros problemas. Aquí es donde surge la necesidad de repensar la forma para acompañar a bien morir. Lo más humano de lo humano y lo más cristiano de lo cristiano es evitar que alguien se muera como un perro.

P. ¿La ley simplificará casos como el de Echevarría para evitar que se conviertan en un drama público?

F. A. Creo que llevar al ámbito mediático cuestiones tan íntimas como la muerte de Echevarría es profundamente inmoral.

P. En aquel caso quien buscó a los medios fue ella, convencida de que, si no, nunca resolvería su problema.

F. A. Empezó pidiendo eutanasia y luego descubrimos que no era tal. Es verdad que fue ella la que buscó a los medios, pero sabiendo que al término eutanasia hay una respuesta inmediata porque genera morbo.

P. S. Aquel caso se resolvió con la ley de autonomía del paciente, no necesitó un marco nuevo. Para eso será útil la ley, que contextualiza prácticas en una formulación jurídica que ya existe. Ese caso fue importantísimo y hay que agradecerle a Inmaculada su valentía de sacarlo al foro público. Sacrificando su privacidad nos permitió debatir el tema.

El sacerdote Francisco Alarcos (a la izquierda) y el médico Pablo Simón, durante la entrevista.
El sacerdote Francisco Alarcos (a la izquierda) y el médico Pablo Simón, durante la entrevista.PÉREZ CABO

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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