El decreto de la TDT de pago "no tiene fundamento legal"

El Consejo de Estado considera que el real decreto que regula la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago -que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros- no tiene fundamento legal suficiente, vulnera la legislación de contratos con la Administración, es precipitado, no responde al interés general ni está justificado por causas imprevistas o por nuevas necesidades en el sector audiovisual. Por ello, el órgano consultivo concluye: "No procede elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de real decreto por el que se regula la televisión digital terrestre de pago".

El dictamen afirma que el texto elaborado por el Ministerio de Industria introduce modificaciones esenciales en las condiciones de las concesiones de tres operadores (Veo TV, Net TV y La Sexta) que recibieron una licencia para emitir en abierto. El Consejo de Estado realiza, además, una "apreciación adicional" sobre la conveniencia de aprobar la norma en este momento. Tras cuestionar que se regule "de forma urgente" y hasta "precipitada", aconseja que la TDT de pago se tramite en la futura Ley General Audiovisual.

Ante el varapalo del Consejo de Estado, el Gobierno tiene previsto tramitar la reforma a través de un real decreto ley -lo que acarrearía su remisión a las Cortes- por el procedimiento de urgencia. Un real decreto ley tiene rango de ley, pero debe responder a una situación de urgencia (algo que el Consejo de Estado no aprecia en este caso) y ser ratificado por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación.

El dictamen echa por tierra los principales argumentos de Industria, departamento que dirige Miguel Sebastián.

- Condiciones de las concesiones. El decreto "supone una alteración de elementos esenciales de las concesiones", según el Consejo de Estado. En los concursos de 2000 (ganados por Veo TV, de El Mundo, y Net TV, de Vocento) y de 2005 (La Sexta), la emisión en abierto era "un aspecto que definía el servicio mismo que era objeto del contrato". Esta circunstancia no concurría en las adjudicaciones de 1989 (Telecinco, Antena 3 y Sogecable). En 2005, "el mercado de la televisión de pago quedaba restringido a la televisión por cable y por satélite mientras que la televisión terrenal se configuraba como un servicio que se prestaría en abierto", dice el informe. Si se modifica el objeto de la concesión "se estaría poniendo en peligro los principios de concurrencia y publicidad". Por ello, "la modificación de este elemento esencial y definidor de la concesión a través de una norma de rango reglamentario no satisface, a juicio del Consejo de Estado, las exigencias establecidas en la legislación de contratos para modificar las concesiones".

- Interés general. Industria justifica la TDT de pago por razones de interés general. El ministerio calcula que el impacto del "efecto dinamizador" en la industria rondaría los 5.000 millones de euros en los cuatro primeros años (la mayor parte para el sector de los descodificadores). El Consejo de Estado no percibe tal interés general. En este sentido, recuerda que el órgano consultivo, al igual que el Tribunal Supremo, sí observó razones de "interés general" para autorizar que Sogecable dejara de emitir en codificado y pasara a ofrecer una programación en abierto. "El sentido del real decreto proyectado es el inverso, pues lo que se persigue es permitir que determinados canales que ahora emiten en abierto pasen a emitir en pago".

- Causas imprevistas. El Consejo de Estado no percibe que el decreto se justifique por "causas imprevistas". El hecho de que en las concesiones de 2000 y 2005 se estableciese la modalidad de emisión "permite llegar a la conclusión de que se estaba valorando, precisamente, cuál debía ser la ordenación del sector ante los desafíos que planteaba la implantación de la TDT".