El derecho al móvil

"Uy, peligro", exclama divertida María Jesús mientras juega al buscaminas. "Dos, dos, tres", advierte el móvil. No puede ver en la pantalla los números que le indican que está a punto de activar una bomba y perder la partida. Es ciega. Pero el teléfono se los lee. Lleva instalado el mobile speak, lo último en tecnología para móviles pensados para personas con alguna discapacidad.

"Antes, sólo me servía para hacer y recibir llamadas, no podía ni mandar mensajes, ni siquiera ver cuánto me quedaba de batería", comenta. Ella está a la última en este tipo de avances, ya que es la directora del centro de nuevas tecnologías de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE). Allí cargan el mobile speak a los afiliados que lo soliciten. Pero no todos los terminales son compatibles con el programa. El primer requisito es que sea de tercera generación. Además, tiene que tener un sistema operativo especial, el symbian, que permite instalar aplicaciones.

Conscientes de estas dificultades, los operadores han lanzado ofertas que venden el paquete completo. Lo han hecho en colaboración con distintas asociaciones a precios atractivos. Movistar lo ofrece desde 109 euros y Vodafone cobra sólo el teléfono. A cambio, exigen un contrato de, al menos, 18 meses.

Responsabilidad. Es la respuesta a la pregunta del porqué al impulso de este tipo de dispositivos. "Tenemos que vender móviles para todos, nuestro deber es garantizar la accesibilidad universal. Al final acaba siendo un beneficio para todos", asegura con convicción Daniel Tapias, de Telefónica Movistar. Un deber moral que pronto será también legal. Y es que en el año 2013 todas las empresas estarán obligadas a vender terminales adaptados a personas con cualquier tipo de discapacidad.

Pero no todo lo explica la filantropía. Está en juego un mercado de 3,5 millones de clientes potenciales, más sus respectivos familiares y amigos. Según un estudio reciente elaborado por la Universidad de Deusto y Telefónica, el 90% de los minusválidos usa el móvil. Hablamos pues de un jugoso pastel y de un mercado muy competitivo. De ahí que las empresas incentiven la infidelidad aplicando un pequeño descuento a quienes abandonen otra compañía para unirse a la suya. Es lo que llaman portabilidad en el argot de la telefonía.

"Falta información, mucha gente no sabe que existen aplicaciones y servicios específicos", se queja Begoña Gómez, de la asociación de Familiares y Amigos de Personas Sordas (FIAPAS). Es una queja constante. Por eso muchas organizaciones permiten a los interesados probar estos dispositivos en sus sedes. "Aquí dejamos usar el lazo de inducción, y la mayoría de la gente sale encantada", comenta.

El lazo inductivo es un cable que se conecta al móvil y que se coloca alrededor del cuello. Sirve para eliminar las interferencias que causa el móvil en las personas con implantes auditivos, aunque sólo ayuda a quienes tengan implantes con bobina de inducción. Para personas con sordera profunda es más útil el blackberry. Se trata de un dispositivo con un teclado similar al de los ordenadores que permite navegar por Internet y utilizar un servicio de chat.

Las compañías se preparan para el futuro. Un real decreto que regula las condiciones de accesibilidad y no discriminación de los discapacitados obligará a los operadores a vender dispositivos accesibles para cualquier tipo de discapacidad, y las compañías tendrán de plazo hasta el año 2013 para aplicarlo. Este real decreto desarrolla la conocida como Ley Liondau, aprobada en diciembre de 2003 y que establecía la "accesibilidad universal". No impone ninguna tarifa, ni las asociaciones lo piden, según Luis Cayo, director ejecutivo del Comité Español de Personas con Discapacidad, CERMI: "No pedimos caridad, somos consumidores, como todo el mundo. No queremos tarifas especiales, sólo que haya servicios para todos".

Este decreto que debió aprobarse hace año y medio. La razón del retraso, según Cayo, es "el rechazo de las comunidades autónomas, porque tienen las competencias. Pero es que la discapacidad ha dejado de ser parte de los asuntos sociales, eso se ha superado. Ahora se entiende como un derecho que debe garantizar el Estado".

En palabras de la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, con la regulación de las empresas se completa lo que ella llama "el círculo virtuoso": legislación, innovación (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) e implicación de las empresas.