El desastre que amenazó Doñana

El sábado 25 de abril de 1998 4.600 hectáreas de la cuenca del río Guadiamar en Aznalcóllar (Sevilla) amanecieron cubiertas de aguas ácidas y lodos procedentes de desechos que se almacenaban en una balsa minera explotada por la multinacional sueca Boliden. La rotura de la presa vertió 4,5 millones de hectómetros cúbicos de desechos con una alta concentración de cinc y arsénico, puro veneno para la tierra, la vegetación y la fauna de la zona. Pero las dimensiones del desastre podían multiplicarse si el vertido corría río abajo y llegaba al Parque Nacional de Doñana, hogar o zona de paso de decenas de especies protegidas.

Evitar que el vertido tocase Doñana se convirtió en la principal misión de las administraciones y obligó al PP (entonces en el Gobierno central) y al PSOE (en la Junta de Andalucía) a aparcar sus pugnas políticas y trabajar mano a mano. Se construyeron tres diques con los que se consiguió desviar el cauce del río y alejar del parque natural las aguas contaminadas. Después, vinieron más de tres años de trabajo para retirar el lodo y limpiar las tierras contaminadas, una labor en la que las administraciones se dejaron guiar por un comité de científicos. Y, por último, una tarea no menos compleja: regenerar ambiental y económicamente la zona.

La recuperación ambiental supuso hacer del valle afectado un corredor verde que en el año 2001 fue declarado zona forestal y en 2003 quedó incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Pero el vertido se había llevado también por delante más de 200 fincas agrarias y la actividad minera que sustentaba buena parte de la economía de Aznalcóllar y su comarca. La meta que se propusieron las administraciones fue convertir el paisaje del desastre ecológico en el estandarte del desarrollo sostenible.

Los antiguos terrenos de la mina acogen ahora el Parque de Actividades Medioambientales de Andalucía, la mayor concentración nacional de empresas dedicadas a actividades vinculadas al medio ambiente, como plantas de reciclaje e instalaciones de energía fotovoltaica.

Los proyectos ya en marcha o comprometidos suponen una inversión cercana a los 40 millones de euros. Mucho más, alrededor de 240 millones, costó a las administraciones frenar el vertido y reparar sus consecuencias. Pero la empresa Boliden sigue, 10 años después, sin pagar ni un euro de aquella inversión y las administraciones continúan a la espera de que se resuelva el contencioso abierto contra los bienes de la empresa en Suecia.