Miércoles, 10/2/2010, 11:30 h
SociedadELPAIS.es 24/09/2004
La implantación del sistema democrático tras la muerte de Franco saca a la palestra varios temas indiscutibles durante la dictadura. El debate sobre el divorcio arranca con las primeras citas ante las urnas y se extiende hasta 1981. Entonces, la controversia no se centraba sólo en los detalles, sino en la conveniencia o no de permitir el divorcio.
La Conferencia Episcopal, que todavía guardaba una gran influencia sobre las fuerzas políticas de centro-derecha, especialmente sobre algunos sectores de UCD, hizo lo posible por evitar una ley cuya aprobación era inminente. Los obispos trataron de impedir la aprobación del divorcio hasta el último momento.
La votación del proyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia Francisco Fernández Ordóñez enfrentó a los sectores socialdemócrata y democristiano de la UCD. Al final, el texto se aprobó en el Congreso por mayoría simple, lo que supuso una victoria para los partidos de izquierda y dividió un poco más al centro que trataba de liderar el presidente Calvo Sotelo.
La aprobación de la ley complicó las relaciones del Estado con la Iglesia. El cardenal primado de Toledo, Marcelo González, impidió en 1981 que el ministro Fernández Ordóñez presidiera, como es tradición, la procesión del Corpus Christi, por ser el autor de "una ley anticristiana".
En el verano de 1981, el BOE publicó por fin el texto de la ley del divorcio, que entró en vigor el 15 de agosto tras dos años y medio de trabajo jurídico y político.
La llegada al Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero impulsa la revisión de una ley que permanecía intacta desde 1981. Los socialistas plantean una reforma que agilice los trámites del divorcio y actualice una ley que se considera desfasada.
La reforma planteada por el PSOE incluye un punto para la polémica: la custodia compartida de los hijos, criticada por algunas asociaciones de mujeres. Además, los socialistas proponen eliminar la separación previa al divorcio.
La reforma de la ley del divorcio, junto a los planes del Gobierno para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y reabrir el debate sobre la eutanasia, vuelven a enfrentar a la Iglesia con el Estado.
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