La 'doble condena' de las mujeres presas en España

María está en la treintena, condenada por tráfico de drogas. Le han caído entre tres y ocho años, que cumple lejos de su ciudad. En la casa familiar ha dejado a varias personas que dependen de ella, y eso le produce incertidumbre, angustia y culpabilidad. Aunque ella también es dependiente, emocionalmente, de su pareja, que alguna vez le ha pegado o violado. Como si no fuese bastante, sus condiciones en la cárcel también la discriminan. Por ser minoría no tiene acceso a los mismos derechos y recursos materiales que sus compañeros varones. Hasta en la cárcel María arrastra desigualdades como las que ayudaron a ponerla en la senda del delito.

María no es nadie en concreto, cumple el perfil de las reclusas en las cárceles españolas. Representan un 8,5% del total de presos y sufren desigualdades materiales y asistenciales. Barreras que ponen aún más difícil su promoción dentro de las prisiones y su preparación para un mundo que hasta ahora les ha sido hostil. Por ello y en la línea de las políticas de Igualdad, Instituciones Penitenciarias ha lanzado el programa de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, que pretende atacar estas situaciones y atender a las mujeres según sus necesidades. "A veces ellas no son culpables sino víctimas; queremos conseguir que recompongan su vida, abordar los problemas que ya tenían antes de entrar, la drogodependencia, la falta de formación y sus problemas de salud, para que cuando salgan se reincorporen en mejores condiciones que cuando llegaron", ha explicado Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias.

Las medidas buscan promover la igualdad de oportunidades y tener en cuenta el perfil de las presas, cuyos delitos son, en general, menores y de poca peligrosidad. Así, una de las actuaciones más importantes será "propiciar una generosa aplicación de medidas capaces de acortar la duración del encarcelamiento efectivo y la temprana reincorporación a sus responsabilidades familiares y laborales" de las mujeres con "perfiles de menor peligrosidad", como las llamadas mulas, que normalmente transportan drogas para solventar una mala situación económica y que se enfrentan a elevadas penas, por encima de los ocho años. Este aspecto será tenido en cuenta especialmente en lo que se refiere a las madres cuyos hijos "cumplen también condena", según Gallizo.

Se establecerá un programa de "guía y tutela personal" con implicación en los logros de las reclusas en todos los ámbitos (autonomía, educación, promoción de la salud...) y se creará en cada establecimiento penitenciario con mujeres un programa específico de asistencia médica, social y psicológica. En general, se trata de crear nuevas infraestructuras y acondicionar las ya existentes para superar la discriminación "a la hora de acceder a los servicios y gozar del mismo bienestar del que se han visto privadas, sobre todo en los centros mixtos, donde han venido ocupando los peores módulos", ha señalado Gallizo. El proyecto incluye un plan contra la violencia de género, ya que más del 80% de las presas han sufrido abusos o malos tratos.

El proyecto empezará a desarrollarse bajo la tutela de una Comisión Técnica, formada por profesionales de diversos ámbitos, que tendrán que promover las iniciativas y servir de "voz crítica", en palabras de Gallizo, para controlar su efectividad.