"Me echaron cuatro horas después de saber que tengo VIH"

"Es la segunda vez que me pasa, y no quiero que les salga gratis ni barato". A sus 26 años, Francisco M. acaba de demandar a la empresa Sertyf por despido improcedente. Él tiene claro que prescindieron de sus servicios por tener VIH. "Tardaron cuatro horas en enterarse y despedirme", cuenta. Francisco vive en Madrid, aunque nació en Jaén. Muestra el registro de los correos como prueba. "El 25 de marzo de 2011 cogí una baja por bronquitis. Resultó que era resistente a los tratamientos, y el 5 de abril mi jefe me llamó para preguntar. Él también estaba de baja, y le dije que no sabía si sería porque soy seropositivo. Aunque estoy bien, soy más proclive a coger infecciones", relata. Su jefe se mostró comprensivo.

Al día siguiente, "a eso de las once de la noche", le mandó un correo confirmándole sus sospechas: el VIH hacía que la infección evolucionara peor. "El correo lo abrieron a eso de las 9.55 del día 7. Lo sé porque el sistema tiene un registro. Cuatro horas después, a las 14.00, recibí el burofax con mi despido".

En él, la empresa -que no ha respondido ni a los mensajes ni a los correos de este periódico para dar su versión- alegaba bajo rendimiento del trabajador. Él lo niega rotundamente. "Entré a trabajar el 17 de enero. Se trata de una compañía de gestión hipotecaria. Da préstamos a quienes no se los da nadie. Cobran más, pero es su negocio. Al mes, superado el periodo de prueba, me hicieron fijo, con felicitaciones incluidas". Francisco M. está tan convencido de su rendimiento, que no ha dudado en solicitar que declaren trabajadores de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI, del Grupo Santander y BNP Paribas), "que es el principal cliente de la empresa porque representa un 70% de su facturación".

El daño económico es solo una parte del que ha sufrido, y no el más importante. "Lo especialmente doloroso es que en la empresa te hacen firmar un código ético que dice que no se puede discriminar ni tratar mal al compañero por sus circunstancias personales, y mira luego cómo te tratan". Él no lo entiende. Aunque es verdad que tiene que ir a consulta cada tres meses, su estado es bueno. Se enteró de que tenía el VIH en 2007, pero todavía no necesita tomar medicación. En la bolsa que lleva colgada del hombro está la prueba definitiva del daño que ha sufrido: una caja y una receta de alprazolam, un ansiolítico.

Fracasado el intento de un acuerdo pacífico en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, será un juzgado madrileño el que decidirá sobre su caso el próximo septiembre. Asesorado por el abogado Manuel Ródenas, del Programa de Información y Tratamiento para Homosexuales y Transexuales de Madrid, Francisco ha pedido 324.000 euros de indemnización: 24.000 por daños morales, y los otros 300.000, por daños morales extraordinarios. Extraordinarios porque Francisco se siente doblemente maltratado. "Hace dos años me pasó lo mismo en otra empresa, pero era una institución oficial en la que también trabajaba mi familia, y lo dejé pasar", cuenta. Ahora está reviviendo aquella frustración, y esta. "Por eso voy a ir a por todas. No puede ser que te traten así. ¿Qué quieren, que esté toda la vida escondiéndome?".