Una española casada con otra mujer batalla para evitar que la expulsen de Argentina

Una española casada con una argentina batalla ante las autoridades de Buenos Aires para conseguir la residencia permanente por agrupación familiar. Sobre ella pendía hasta el pasado lunes la amenaza formal de expulsión de Argentina, aunque en los hechos no corría el riesgo de que la Policía fuera a buscarla a su casa. "El problema de estar ilegal es que no podría trabajar, salvo en negro, ni tener cuenta bancaria ni salir de Argentina en mi vida, por ejemplo para visitar a mi familia en España, porque al regresar no me dejarían entrar", explica C. P., sevillana de 41 años, que prefiere mantener su nombre completo en el anonimato. La Dirección Nacional de Migraciones argentina le extendió el lunes una residencia precaria por otro mes.

C. P. y la argentina Diana Cordero, casadas en Canadá en 2008, vinieron a vivir a Buenos Aires en marzo de 2009. Diana, de 52 años, que se había marchado de Argentina tras el golpe militar de 1976, tiene a su madre enferma. En el consulado español de Buenos Aires consiguieron la libreta de familia y con todos esos papeles C. P. pidió la residencia permanente ante la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. El pasado día 12, esta dependencia le denegó la solicitud con el argumento de que aquí no rige una ley que permita el matrimonio de personas del mismo sexo y le informó de que tenía 30 días hábiles para volver a pedir la residencia, aunque ya no por agrupación familiar. Además, Migraciones le advirtió que si en ese período no presentaba ninguna petición nueva, se resolvería su expulsión de Argentina. Esto, que por escrito asusta a cualquiera, en realidad es una amenaza que muy rara vez se concreta. "Éste es un país de puertas abiertas", dice un portavoz del Ministerio de Interior, del que depende Migraciones.

"Yo no sé si llegarían al extremo de expulsarme, pero ya no podría salir de Argentina. Conozco el caso de una española que estaba ilegal aquí, cruzó la frontera y ya no pudo volver a entrar", comenta la sevillana. "Como yo no tengo contrato de trabajo ni beca de estudio, no puedo más que pedir la residencia por agrupación familiar. Por eso presenté el lunes un recurso de reconsideración de mi caso", explica C. P., que en su país era delineante pero que aquí está dispuesta a trabajar de lo "que se pueda". Migraciones admitió el recurso y le extendió la residencia por otros 30 días hábiles.

Tras la difusión del caso en el periódico Página/12, el subsecretario de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia argentino, Luis Hipólito León, presentó el pasado lunes un escrito a Migraciones para que reconsiderase la amenaza de expulsión de C. P., teniendo en cuenta que está casada ante Canadá y España y que también ha pedido a la Justicia civil argentina que reconociera su matrimonio. De hecho, los tribunales argentinos ya han autorizado las primeras dos bodas entre gays, la primera en diciembre pasado, bajo la premisa de que su prohibición en el Código Civil era inconstitucional. El Instituto Nacional contra la Discriminación, también dependiente del Ministerio de Justicia, reclamó lo mismo ante Migraciones. El Estado español no ha intervenido, según C. P.: "A España no le conviene meterse. Aquí los españoles somos mejor tratados que los argentinos en España", advierte.

C. P. confiesa que si le rechazan definitivamente la petición, se marchará de Argentina por su propia cuenta. "Éstas son las leyes que tienen. Yo espero que me den la posibilidad de quedarme dentro de los márgenes de la ley", se ilusiona, aunque sus mayores esperanzas se depositan en el acuerdo entre legisladores de distintos partidos argentinos para promover en abril un proyecto de ley de matrimonio homosexual, tras el fracaso de la iniciativa impulsada en 2009. El ex presidente y actual diputado Néstor Kirchner lo apoya, pero en la oposición advierten que en los dos partidos tradicionales de Argentina, peronista y radical, persiste la resistencia fuera de la cosmopolita Buenos Aires.