Tres españoles dirigían la mayor red de ordenadores zombi
Tres españoles controlaban supuestamente la mayor red de ordenadores zombi desmantelada en el mundo, según la Guardia Civil, con 13 millones de equipos infectados -sólo en España había 200.000-. La trama había logrado robar datos personales y bancarios de más de 800.000 usuarios e infectar ordenadores de 500 grandes empresas y más de 40 entidades bancarias. La red Mariposa, desarticulada por el Grupo de Delitos Telemáticos del instituto armado en colaboración con el FBI y la empresa Panda Security, tenía capacidad para perpetrar ataques de ciberterorrismo mucho más virulentos que los sufridos por Estonia y Georgia, cuya supuesta autoría fue atribuida a Rusia.
Los ordenadores zombi, controlados a distancia sin que su usuario lo sepa, son utilizados por las redes del ciberdelito. En todo el mundo se calcula que existen unos 100 millones de equipos comprometidos, de los que 13 millones estaban supuestamente en manos de los tres detenidos -F. C. R., de 31 años, residente en Balmaseda (Vizcaya); J. P. R., de 30, de Santiago de Compostela y J. B. R., de 25 años, que residía en Molina de Segura (Murcia)-. Una empresa canadiense, Defence Intelligence, alertó de la plaga, que comenzó a extenderse en mayo de 2009.
Alquiler a delincuentes
Netkairo, Ostiator y Johnyloleante eran los respectivos alias que empleaban los arrestados, que vivían cómodamente gracias a los ingresos que obtenían con el alquiler de su red de esclavos a otros ciberdelincuentes. Para extender sus tentáculos, los detenidos escondían un virus troyano en archivos atractivos en eMule, por ejemplo. Tampoco eran grandes expertos informáticos: compraron el programa en el mercado negro y se limitaban a administrarlo a tiempo completo desde sus casas.
El pasado 23 de diciembre, en una acción coordinada de la Guardia Civil, el FBI y varias empresas de seguridad informática, se consiguió desactivar la red zombi, aunque, días más tarde, los detenidos consiguieron recuperaron el control y lanzaron un ataque de represalia contra Defence Intelligence, dejando inoperativos sus servidores. La Guardia Civil optó entonces por poner el caso en conocimiento de la Audiencia Nacional, que ordenó la detención de los tres responsables. Todos quedaron en libertad con cargos.
