14 familias denuncian ante el Poder Judicial a un registro civil por racismo

Abraham va a cumplir 10 años y Brian dos. No existen para el Estado. Sus padres aseguran que quieren inscribirlos en el Registro Civil y que una funcionaria de Talavera de la Reina (Toledo) les pone todo tipo de trabas. El Consejo General del Poder Judicial ha recibido quejas de 14 ciudadanos, en su mayoría gitanos o extranjeros, que protestan por el "trato discriminatorio" que dicen que les ha dispensado la funcionaria. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha investiga los hechos y el Movimiento contra la Intolerancia presentará hoy una queja al Defensor del Pueblo.

Brian tiene el pelo muy rizado, unos grandes ojos oscuros y llora amargamente para pedir comida a su madre. Pero, a pesar de tanta vivacidad, este niño de casi dos años no existe, jurídicamente hablando. Teresa, su madre, explica, enseñando una gran cicatriz que le atraviesa el cuello, que se le pasó el plazo de 30 días para inscribir el nacimiento porque le estaban "tratando un cáncer de tiroides en Madrid". Y dice que lleva desde entonces intentando hacerlo, sin éxito. Asegura que una funcionaria del Registro Civil de Talavera de la Reina (Toledo) le pone desde 2005 todo tipo de trabas y que le ha exigido documentos que no son necesarios, como los Libros de Familia de los abuelos, y otros que no tiene derecho a pedir, como las partidas de bautismo de los padres. "Cómo si fuera necesario estar bautizado para tener un hijo", explica asombrada. "Esta mujer se excede en sus funciones y nadie en el juzgado le ha parado los pies".

Teresa Heredia, de etnia gitana, es una de las 14 personas, en su mayoría gitanos y extranjeros, que han puesto quejas ante el Consejo General del Poder Judicial contra esta funcionaria por un supuesto trato discriminatorio y arbitrario. Esta madre de 24 años está ahora asistida por un abogado y parece que los trámites van avanzando. "Esto no es ninguna tontería y tiene efectos en la vida de la gente", explica. "Mi hijo tiene una enfermedad de riñón y, al no estar inscrito, no puede ir al centro de salud, así que he tenido que pedir un préstamo para pagar un seguro privado".

10 años y sin inscribir

Otro de los casos es el de Jorge L. M., que lleva 10 años intentando registrar a su hijo Abraham. También es gitano. La madre del niño es argentina pero carece de documentación. "La primera vez que intentamos inscribirlo fue en 1997", explica Jorge. "Y la funcionaria nos dijo que como mi mujer no tenía papeles, debía renunciar a sus derechos como madre. No lo aceptamos y lo volvimos a intentar un par de años más tarde. Entonces nos explicó que mi mujer, de padres españoles, tenía que pedir el DNI. Pero cuando lo intentamos, todo eran trabas. Nos dijo que había que probar que mi esposa llevaba aquí 20 años. Decidimos ir a un registro de Madrid y allí en menos de un año ella tenía su carné. Con el documento en la mano intentamos, otra vez, inscribir al niño. Pero nada, ella seguía diciendo que era imposible".

Jorge quiere aparecer sin apellidos en los medios. Dice que tiene miedo. Que todos los que han puesto las quejas son "gente humilde y sin recursos", mientras que la funcionaria lleva allí muchos años y tiene "mucho poder". "Yo no quiero hacer mal a nadie", asegura. "Sólo quiero inscribir a mi niño".

Otras personas se quejan de las entrevistas y de las preguntas que hace la funcionaria para detectar los matrimonios de conveniencia, que califican de ofensivas y que, según afirman, incluyen frases como que "los árabes dan mala vida" o que "casarse con un extranjero no tiene sentido porque trae muchas complicaciones". Algunas personas han decidido incluso trasladarse de Registro para llevar a cabo el expediente matrimonial.

La funcionaria, Sagrario J. M., no ha querido hacer ninguna declaración. Explicó a este diario que tomará "las oportunas medidas legales". En el juzgado encargado del Registro Civil de Talavera tampoco la secretaria judicial ha querido pronunciarse sobre el caso. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha abierto unas diligencias informativas y está investigando los hechos.

Las quejas se han presentado en la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial. No todas han recibido respuesta. En algunos casos les han dicho que se daba traslado del contenido de la queja a la secretaria del juzgado encargado del registro en Talavera, y en otros se ha pasado el caso al Ministerio de Justicia.

Movimiento contra la Intolerancia presentará hoy una queja ante el Defensor del Pueblo y ante el Ministerio de Justicia. El presidente de la organización, Esteban Ibarra, considera que el trato dispensado a estas personas "no respeta la igualdad de trato, es discriminatorio y puede vulnerar nuestro ordenamiento".