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Las farmacias de Castilla-La Mancha cerrarán por el impago de la Junta

El Ejecutivo de Cospedal les adeuda 125 millones por fármacos vendidos con receta y no ofrece un plan de pago - La patronal prevé desabastecimiento

Los dueños de farmacias de Castilla-La Mancha no aguantan más, y cerrarán sus establecimientos un día a la semana durante agosto para protestar por el impago de la Junta, que les adeuda unos 125 millones (el equivalente a dos meses y medio, de mitad de mayo hasta julio). Así lo han acordado las asambleas provinciales, que, en el caso de las de Toledo, Cuenca y Guadalajara, han fijado como primer día de protesta el 11 de agosto. "A partir de ahí, será todos los jueves mientras no haya una solución", ha dicho Dolores Espinosa, presidenta de la Federación de Empresarios de Farmacia de Castilla-La Mancha. Sería el primer cierre patronal farmacéutico de la historia en un momento en el que las boticas de otras dos comunidades autónomas atraviesan por la misma situación de impago.

Hay unas 2.000 boticas afectadas si se incluyen las de Baleares y La Rioja
"El banco no se fía de la Administración", dice el presidente del Colegio balear
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Ayer hubo un penúltimo intento de poner una tirita a la situación, con una reunión entre representantes del Gobierno de María Dolores de Cospedal y del Colegio Regional de Farmacéuticos. Pero se cerró sin acuerdo. La presidenta del Colegio, Rosa López-Torres, no ocultaba su decepción. "Ha sido bastante improductiva", declaró a este periódico. "No han ofrecido ni un plan de pago".

El sector, en todo caso, no está unido. El Colegio -un órgano profesional en el que están inscritos todos los licenciados aunque no posean una botica en propiedad- tiende a ser más cauto que la patronal. Aún así, López-Torres cree que "un paro en toda Castilla-La Mancha es posible", aunque matiza que eso deberán decidirlo las asambleas provinciales.

En Castilla-La Mancha había a 31 de diciembre 1.269 oficinas de farmacia, según el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Pero el número puede bajar si hay boticas que tienen que cerrar, como pronostica la patronal. "Nos dicen que pidamos créditos personales para mantenernos", se queja Espinosa, "pero ya no podemos endeudarnos más". "No es que no queramos dar la prestación, es que no podemos financiarla", afirma.

La amenaza para los pacientes es que haya desabastecimiento de fármacos. "Ya hemos negociado un retraso en el pago con los proveedores de dos meses, pero no podemos ir más allá", se queja Espinosa. Para ella, la obligación de la Junta es clara. "Ellos son los responsables de asegurar la prestación farmacéutica, porque los medicamentos ya los han pagado los ciudadanos con sus impuestos", afirma.

La presidenta del Colegio coincide: "Si no pagan, las dos opciones son el desabastecimiento o el cierre, sobre todo de las farmacias más pequeñas".

En otras comunidades donde también hay problemas, como La Rioja, ha sido la propia entidad financiera involucrada la que ha acordado un préstamo sin intereses. Esto es así porque las recetas que despachan las farmacias se presentan al pago de las comunidades a través de los colegios, y el dinero lo reciben los farmacéuticos a los 20 días de media. Ello supone un gran negocio para la entidad que lo tramita (50 millones al mes en Castilla-La Mancha, 7 en La Rioja, 18 en Baleares, por citar a las tres que tienen problemas). En La Rioja, por ejemplo, el presidente del colegio, Javier Vázquez, afirma que el pago lleva un retraso de un mes, pero que tienen un acuerdo con la entidad financiera que les adelanta el dinero sin intereses. En Baleares -que también debe más de dos meses, unos 42 millones-, no ha sido así, pero el presidente del Colegio, Antoni Real, afirma que han llegado a un acuerdo con la consejería y que en cuatro meses la situación estará solventada. Mientras, el Colegio balear ha acordado con una entidad financiera que haya créditos en condiciones ventajosas. Eso sí, lo ha tenido que hacer el colegio porque "los bancos ya no se fían de la Administración", afirma Real.

Algo así, en el fondo, era lo que esperaban los farmacéuticos de Castilla-La Mancha. "A ver si la Junta plantea alguna posibilidad, pero en la reunión no había ningún representante de una entidad financiera", se quejaba ayer López-Torres. Pero en el comunicado posterior, la Junta ha apuntado que la solución puede ir por ese camino, porque "los bancos se fían de la Administración".

Y si esta es la situación en agosto, con unas 2.000 farmacias afectadas solo en esas tres comunidades, lo normal es que según pase el año la situación empeore. En 2009 hubo problemas en Murcia -solventado con créditos avalados por la Administración a las farmacias-, y otras comunidades. En Valencia, por ejemplo, no es nuevo que Sanidad tarde en pagar, informa Juanjo García del Moral. Pero esta circunstancia suele darse a final de año. Sin embargo, este año debía 126 millones de euros de gasto de farmacia del mes de febrero. Al final se acordó suscribir una póliza de crédito cuyos interesas se cargan a la Generalitat.

Dolores Espinosa, presidenta de la Federación de Empresarios de Farmacia de Castilla-La Mancha.
Dolores Espinosa, presidenta de la Federación de Empresarios de Farmacia de Castilla-La Mancha.ISMAEL HERRERO (EFE)

Un sector que pierde peso

Las oficinas de farmacia son el último escalón antes del usuario en el mercado de los medicamentos. Antes que ellas están los laboratorios y el sector de la distribución. Entre los tres (más el Estado, que se lleva su parte de impuestos) se reparten lo que una persona paga por cada medicamento. Oficialmente, al farmacéutico le corresponde el 27,9% del precio antes de impuestos, lo que, con un IVA del 4%, representa el 26,8%.

Pero esta situación empezó a complicarse en 2000. Entonces, en un intento del PP por reducir el gasto farmacéutico, se implantaron unas escalas de devolución al Estado. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% del negocio de las farmacias corresponde a las ventas que hace a la Administración, el Ministerio de Sanidad les impuso una escala de devoluciones en función de lo que facturan. A partir de los 37.000 euros mensuales, tienen que devolver parte de lo cobrado a las comunidades. La escala de devoluciones va por tramos, y por eso se ha dado el caso de farmacéuticos a los que no les ha interesado vender algún producto muy caro -por ejemplo, un antitumoral- porque le suponía subir de nivel en la escala (como un trabajador cuando le suben el tipo del IRPF por poco).

Pero esta no ha sido la única medida que ha afectado a las 21.364 oficinas de farmacia que había el 31 de diciembre en España. Cada vez que se decreta la rebaja de un medicamento, los ingresos del farmacéutico disminuyen, ya que estos se llevan una parte fija de su precio (no es lo mismo ganar el 26,8% de 100 que de 50).

Pero, además, ha habido otras medidas que también han influido en su cuenta de resultados. La más importante, la limitación de las posibles bonificaciones y descuentos de los distribuidores o los fabricantes. Porque en esa cadena había distorsiones que el Estado ha querido regular. Por ejemplo, que un laboratorio hiciera descuentos para que el farmacéutico vendiera su producto en lugar del equivalente de otra marca, o las promociones por pronto pago o por volumen de compras de los distribuidores (compre cinco y pague cuatro). Porque el Ministerio de Sanidad ha entendido que, si al final es quien paga, debería beneficiarse de esas ofertas (los precios de los medicamentos son fijos para el que paga, aunque se trate de una de las cajas regaladas).

El resultado es que el sector pierde peso en el gasto sanitario. Era el 21,58% en 2000, y fue el 19,09% en 2009. Casi su única buena noticia es el anuncio hecho por la ministra de Sanidad, Leire Pajín, de ayudar a las farmacias rurales.

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