El fiscal carga en el capitán del 'Prestige' toda la culpa del desastre

El macrojuicio por la catástrofe del Prestige, la mayor causa por delito ambiental jamás instruida en España, se celebrará previsiblemente en A Coruña a finales de año cuando se cumplan ocho de la gigantesca y prolongada marea negra que tiñó de fuel 1.900 kilómetros de litoral desde la desembocadura del Miño, en la frontera con Portugal, hasta las costas francesas y británicas del Canal de la Mancha. Y aunque están llamadas a sentarse en el banquillo cuatro personas, incluido el que era entonces director general de Marina Mercante, José Luis López Sors (único representante del Estado imputado), todo el peso de las acusaciones recae, tanto para la fiscalía como para la inmensa mayoría de las 2.090 personas físicas y jurídicas personadas en este procedimiento, sobre el capitán del petrolero que se accidentó el 13 de noviembre de 2002 frente a la Costa da Morte. Conocía el mal estado del barco y sabía los riesgos que asumía, apunta en el escrito de la acusación.

El ministerio público imputa al griego Apostolos Mangouras, de 75 años, sendos delitos contra el medio ambiente y los espacios naturales protegidos, y solicita por ellos 12 años de cárcel, el pago de una multa de 43.200 euros y de una indemnización récord de 2.233 millones de euros de forma solidaria la aseguradora del buque, The London P&I. Al Estado español le corresponderían 1.974 millones; al francés, junto con entidades y particulares, 86,36 millones.

Se trata de una cifra provisional, dado que la fiscalía aún no ha incluido en sus cálculos los efectos a largo plazo que provocó en el medio ambiente el accidente del petrolero cargado con 77.000 toneladas de fuel muy contaminante. Siguiendo un sistema de cálculo que se utilizó en el juicio en Estados Unidos por la catástrofe del Exxon Valdez, el fiscal no se limitó a sumar los gastos y perjuicios económicos que sufrieron particulares y administraciones (unos 2.300), sino también a cuantificar los efectos sobre el medio ambiente -de momento, a corto plazo- del vertido que afectó a una decena de espacios naturales protegidos y numerosas especies.

El viejo petrolero perdió 55.525 toneladas antes de hundirse, el 19 de noviembre tras seis días de errática travesía frente a Galicia, y provocó mareas negras durante meses. La fiscalía reclama que el capitán pague el total de esa indemnización millonaria junto con, en calidad de responsable solidario, la aseguradora británica, la única solvente del entramado empresarial del viejo petrolero con bandera de las Bahamas, propiedad de una entidad de Liberia (Mare Shipping) y con armador griego (Universe Marine). El ministerio público pide que estas dos empresas sean declaradas responsables subsidiarias si es condenado el capitán.

Mangouras -que cumplió 83 días de cárcel en A Coruña cuando ocurrió el accidente por ser acusado de desobediencia por las autoridades españolas- "tenía pleno conocimiento de los riesgos que asumía" cuando tomó el mando del Prestige, un barco de 26 años con múltiples deficiencias que Mangouras conocía, según el fiscal. Es más, le acusa de ocultar anomalías en una inspección previa a su fatídica travesía. El capitán está además acusado de hacer caso omiso de los avisos meteorológicos de temporal. "Comprometió la seguridad del buque, puso en peligro la tripulación durante el colapso, obstruyó las operaciones de salvamento marítimo y provocó el derrame de fuel".

Como la fiscalía, las cofradías o el Estado francés, entre otros, también concentran sus acusaciones sobre la persona del capitán. Sólo Izquierda Unida y la plataforma Nunca Máis reclaman también penas de cárcel para el único representante del Estado imputado, López Sors. Fue la Audiencia provincial de A Coruña, que juzgará este caso, la que decidió sentar en el banquillo al ex alto cargo de Fomento al considerar que había "indicios racionales de criminalidad" en el rumbo que se impuso al viejo petrolero herido y perdiendo miles de toneladas de fuel. Alejarlo de la costa en medio de un fuerte temporal "fue un error clamoroso", consideró la Audiencia en un auto con abundantes críticas al "desacierto en la gestión de la crisis" por parte del entonces Gobierno de José María Aznar. También están imputados el jefe de máquinas y el primer oficial del Prestige, aunque nadie conoce su paradero.