El fiscal denuncia a la Xunta de Fraga por secar una cascada
Nueve años después, la fiscalía ha entrado de lleno contra la concesión administrativa de la Xunta de Manuel Fraga que permitió a Ferroatlántica secar en marzo de 2001 la cascada de Ézaro en Dumbría (A Coruña), la única de Europa que desembocaba directamente en el mar.
Desde que el Gobierno gallego permitió, en 2001, a la empresa prescindir del caudal ecológico al que obligan las normativas medioambientales españolas y comunitarias, desapareció el tramo final del río Xallas. En la última década, el salto ya solo se abre como atracción turística sábados y domingos contados durante el verano y los festivos de Semana Santa, según se estipula por escrito en el permiso de la Xunta.
Con el objetivo de anularlo y de restituir el cauce original del río, el ministerio público ha presentado una denuncia en los juzgados de Santiago contra Francisco Pan-Montojo González, el ex alto cargo de la Xunta de Fraga que facultó a Aguas de Galicia a cambiar el permiso con el que la empresa del exministro Juan Miguel Villar Mir explota su aprovechamiento hidroeléctrico.
Sin competencias
Lo hizo a través de una polémica modificación de la declaración de impacto ambiental que este mismo organismo había aprobado un año antes. Si el primer documento -que tiene fecha de 22 de julio de 2000- obligaba a Ferroatlántica a liberar 2,23 metros cúbicos de agua por segundo, con la consiguiente obligación de preservar la vida del río aguas abajo de la presa, nueve meses más tarde, la misma dirección general de la Xunta modificó la declaración atendiendo a los deseos de la empresa y prescindió del caudal ecológico. En su lugar, se permitió a la propietaria del embalse secar el río a cambio de abrir la cascada un par de horas los fines de semana.
La denuncia del fiscal especializado en Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Álvaro García Ortiz, acusa de prevaricación a Francisco Pan-Montojo González, director general de Calidad y Evaluación Ambiental en marzo de 2001. El ministerio público señala que el entonces director general dictó una resolución "de manera totalmente injustificada, careciendo de competencias para ello y omitiendo un trámite esencial". Hasta concluir que el informe es "manifiestamente injusto".
