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La fiscalía denuncia a la Xunta gallega por desproteger a menores problemáticos

El ministerio público de Ourense dice que se debe auxiliar a los padres de estas familias

La Fiscalía de Ourense ha demandado a la vicepresidencia de la Xunta de Galicia por mantener en situación de "desprotección legal" a los menores problemáticos con familias estables. "Si no hay delincuencia, no hay protección para ellos. Al menos en Galicia". El fiscal jefe de la Audiencia de Ourense, Florentino Delgado, es explícito al manifestar que la Administración -en este caso la autonómica, con las competencias transferidas- tiene "por ley la obligación de atender los déficit de estos menores en situación de riesgo que no son delincuentes". El fiscal afirma que, al menos en el caso de Galicia, no ocurre así, y la Xunta no cumple con lo que debe.

"Los padres tienen derecho legal a reclamar auxilio a la Administración cuando no pueden cumplir con su obligación paterno-filial", señala el fiscal, y advierte que la ley contempla la posibilidad de retirar temporalmente la patria potestad a esos menores, "incluso dando el amparo de oficio". Sin embargo, el sistema tiene grietas por el que se cuelan casos como el de María, la niña orensana que se ha pasado la adolescencia afincándose en la marginalidad sin que sus padres consiguiesen de la Administración la mínima reacción a sus demandas de auxilio [ver EL PAÍS de ayer]. "Algunas administraciones son diligentes y otras no", señala Florentino Delgado, "y la de Galicia, en concreto, no lo es".

El fiscal jefe de Ourense -con experiencia en Menores- reconoce que, tras detectar en la provincia casos similares al de María, se dirigió a la vicepresidencia de la Xunta exigiendo que se hicieran cargo de ellos. "Pero la vicepresidencia nos reiteraba continuamente que no se hacían cargo porque esos menores tenían padres que los querían". "¡Pues precisamente porque los querían pedían el auxilio!", se sorprende.

"Nos dejaron solos"

En el caso de la adolescente orensana, sus padres asistieron impotentes a su destrucción física, psicológica y social a lo largo de cinco años. Su búsqueda incontrolada de libertad la instaló en una espiral de marginalidad que acabó en delitos de robo y en una denuncia por violación que los padres presentaron en un juzgado cuando detectaron que "al menos en una ocasión, el sexo no había sido consentido". Carmen, su madre, está convencida de que "ninguna niña de 13 años que se destruye de esta forma está sana". "Pero a nosotros nos dejaron solos; no nos hicieron caso", lamenta. Y señala que no es una excepción: "El último médico que la diagnosticó nos dijo que en dos meses veía 40 casos de adolescentes problemáticos".

El fiscal jefe de Ourense confirma su percepción: "Desconozco ese caso en concreto y no sé cuantitativamente cuántos casos hay [de menores necesitados de protección en la provincia de Ourense] porque sólo vemos la punta del iceberg, pero está claro que ningún padre expondrá públicamente lo que se interpreta como un fracaso si el auxilio que puede obtener es deficiente".

Y, al menos para María, el auxilio no ha llegado. Su madre, empecinada en conseguirle "una buena terapia", agotó los recursos. Escribió al anterior presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Con el cambio en el Ejecutivo autonómico, volvió a escribir a la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar Social y al Valedor do Pobo (Defensor del Pueblo): "Nadie nos hizo caso".

La fiscalía espera ahora una resolución de la Audiencia Provincial que reconozca la situación de desprotección legal de estos menores, "que determine si es legal o no la situación de desprotección" y que "vincule a la Xunta de Galicia a adoptar medidas para paliar este déficit". "Y tendrán que cumplirlas", matiza Delgado, convencido de que están "abriendo una puerta a muchos padres que ahora no piden ayuda porque saben que no la hay". "No hay centros específicos para estos menores en Galicia, pero cuando le ofrecimos a la vicepresidencia como solución que los trasladaran a otros puntos de España, no contestaron". El fiscal jefe de Ourense lo resume así: "Para el menor con hechos delictivos hay recursos institucionales, pero no los hay para los menores en situación de desprotección con una familia respaldándolos".

Con la demanda de la fiscalía en curso y próxima a la resolución, la vicepresidencia de la Xunta de Galicia reconoce la existencia del problema de infraestructura que define como "heredado" de la administración anterior. Pero el delegado de este departamento en la provincia de Ourense, Chema Ferreiro, anuncia la inmediata construcción de un centro "para estos menores" a escasos kilómetros de la capital: "Ya está presupuestado, creo que hemos solucionado la situación".

A María, que finalmente ha delinquido y se ha hecho mayor de edad en un centro de menores cumpliendo una condena de seis meses, la resolución de la Audiencia le llegará tarde.

Centro de acogida de menores en Andalucía.
Centro de acogida de menores en Andalucía.PÉREZ CABO

Mejor en casa

Separar al menor problemático de su familia es una solución que no todas las comunidades autónomas consideran apropiada. Mientras que en Asturias, Castilla-La Mancha y Madrid, como último recurso, llevan a estos menores a centros de acogida, los responsables de los servicios sociales de otras autonomías prefieren que en ningún caso se separe al menor de su familia. La cuestión es que, si se hace así, la chica o el chico, además de sufrir el propio descontrol por la carencia de límites, que le empujan a tomar una actitud tan poco llevadera en casa, podría pensar que de esta forma se les expulsa de la familia, lo que para algunos especialistas sería contraproducente a largo plazo. En estas comunidades se estima que la solución nunca pasa por sacar al menor del entorno familiar.

A pesar de estas prevenciones, que todos los expertos toman en consideración, -prefieren apostar, por ejemplo, por medidas menos radicales, como terapias de mediación entre los jóvenes y sus padres-, actualmente hay al menos 154 casos de menores que han sido retirados de sus familias para ingresarlos en centros de acogida.

Algunas comunidades aseguran no tener ningún caso semejante al de Mónica López, que pidió ayuda al Principado de Asturias y a los medios de comunicación para poder solucionar el problema que tenía con su hija de 13 años. Sin embargo, la mayoría reconoce que hay cientos de casos de padres que piden auxilio a las instituciones para que se hagan cargo de sus hijos, sobre todo cuando, como ocurre en ocasiones, éstos incurren en malos tratos hacia sus progenitores.

Los psicólogos consultados también inciden en la cuestión de que, a veces, es la convivencia familiar la que no anda bien, y que la reacción del adolescente no es más que un síntoma de una organización familiar mal planificada. Por ejemplo, una falta de límites desde la infancia que es difícil corregir cuando el niño deja de serlo para convertirse en un adolescente reivindicativo.

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