La fiscalía pide prisión para dos periodistas de la SER por informar

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que condene a cinco meses de prisión sustituibles por multas al director de la cadena SER, Daniel Anido, y al director de los servicios informativos de esta cadena, Rodolfo Irago. La fiscalía coincide así con el polémico criterio del juez del caso de que al denunciar un proceso masivo de afiliaciones irregulares en el PP de Madrid impulsado por dos constructores vinculados con el tamayazo, los periodistas cometieron delito de revelación de secretos al publicar la lista de los que participaban en el pucherazo denunciado desde el propio PP. El tamayazo fue el escándalo por el que Rafael Simancas, ex líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, perdió en el último momento el Gobierno que había ganado en las urnas en coalición con Izquierda Unida por la fuga de dos votos socialistas, uno de ellos de Eduardo Tamayo, en 2003.

El juez Rodríguez Fernández condenó hace dos semanas a estos dos periodistas a 1 año y 9 meses de prisión, inhabilitación profesional durante el mismo periodo y a multas de más de 130.000 euros. La sentencia reconocía sin embargo que la información era veraz, estaba contrastada, era noticiable y de interés público

La fiscalía coincide con el juez en que Anido e Irago cometieron un delito y asume también la tesis del magistrado de que no era necesario publicar la lista de las afiliaciones. Sin embargo, pide que se les rebaje la condena porque obraban en el ejercicio del derecho a la libertad de información.

Las tesis de la Fiscalía General del Estado contradicen de forma radical a la práctica unanimidad de las opiniones de asociaciones de jueces y fiscales, catedráticos y expertos que han señalado que los dos periodistas de la SER se limitaron a hacer su trabajo y a publicar una noticia veraz y de evidente interés público. El constitucionalista Marc Carrillo y el ex magistrado del Constitucional Rafael Mendizábal han coincidido en que "cuando se ha probado la veracidad de unos hechos, su interés público y la relevancia de los mismos, tiene que prevalecer el derecho a la información".

Los hechos juzgados se remontan al 17 de junio de 2003, cuando la cadena SER, informó de la denuncia que había formulado ante los órganos internos del partido la entonces presidenta local del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, que en varias cartas pedía que se garantizase el proceso electoral interno que vivía la agrupación local, tras haber constatado la existencia de una oleada de afiliaciones irregulares con las que se pretendía alterar el equilibrio interno del partido. Entre las afiliaciones irregulares denunciadas se incluían las de los constructores Bravo y Vázquez, posteriormente relacionados con los autores del tamayazo.