La glicerina del centenar de muertos
Panamá reconoce irregularidades en la importación de una sustancia contaminada que provocó una in toxicación masiva
Las autoridades aduaneras panameñas han reconocido irregularidades en la importación desde China de supuesta glicerina para la elaboración de jarabe expectorante y que causó una intoxicación masiva, que se ha cobrado hasta la fecha un centenar de vidas en el país. El escándalo del dietileno glycol (sustancia venenosa para el consumo humano), que llegó a Panamá como si fuera glicerina, ha desatado una cascada de acusaciones entre distintas dependencias gubernamentales, que eluden su responsabilidad.
Esta glicerina es conocida por haber causado muertes allí donde se ha distribuido (como Nigeria o Haití), y el miedo se está extendiendo a otros países de América Latina, como República Dominicana y Costa Rica. En este último país, las autoridades se incautaron ayer de 300 cajas de un dentífrico contaminado con la sustancia tóxica. Las autoridades panameñas sospechan también de que dos tipos de dentífrico que se vendían en un comercio a precios populares habrían sido elaborados con esta sustancia.
Las empresas implicadas tratan de eludir su responsabilidad
El miedo se está extendiendo a Costa Rica y República Dominicana
Rodolfo Samuda, administrador regional de Aduanas en la zona oriental de Panamá, declaró el pasado sábado que en las dependencias aduaneras no hay funcionarios del Ministerio de Salud para revisar la entrada en Panamá de los medicamentos y fármacos importados de otros países. Esta falta de control permitió la entrada de 46 barriles que contenían dietileno glycol catalogado como glicerina pura, que a la postre provocó el envenenamiento por ingestión de jarabe contaminado.
Esta ausencia de funcionarios el Ministerio de Salud viola la Ley de Medicamentos de Panamá, que establece que la Dirección de Farmacia y Drogas tienen que verificar el registro sanitario de todos los medicamentos, productos farmacéuticos e ingredientes para la salud importados. Samuda aseguró que después de una investigación realizada un mes después de estallar el escándalo permitió comprobar que los sellos en la documentación de ingreso de la glicerina adulterada eran falsos. Asimismo, la Dirección de Farmacia tiene la facultad de inspeccionar las mercancías en las bodegas de Aduanas. El director de dicho departamento, Eric Conte, ha replicado que la ley no está reglamentada, por lo que no es obligatoria la inspección física por parte de funcionarios del Ministerio de Salud en las dependencias aduaneras.
En medio de la polémica, la asociación de familiares de víctimas informó ayer de la muerte de Blacina García, de 68 años, a causa del llamado Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA), lo que, según los cálculos de dicha agrupación, eleva a 104 el número de personas fallecidas por la intoxicación masiva. Como las anteriores víctimas, Blacina García consumió un jarabe expectorante sin azúcar elaborado en los laboratorios de la Seguridad Social y que estaba contaminado con la sustancia tóxica dietileno glycol.
La voz de alarma por el envenenamiento sonó en septiembre pasado, cuando empezaron a detectarse los primeros casos de pacientes que presentaban síntomas de insuficiencia renal y parálisis en las extremidades inferiores. La investigación permitió descubrir que el causante del mal era un simple jarabe contra la tos que distribuía gratuitamente la Caja del Seguro Social. El inofensivo medicamento resultó ser mortal porque uno de sus ingredientes esenciales, glicerina, había sido alterado por una sustancia de la misma familia, dietileno glycol, letal para el consumo humano. La carga procedía de China y en su trayecto había hecho escala en Barcelona.
Las empresas implicadas desde el origen hasta el destino de la mercancía tratan de eludir su responsabilidad en la intoxicación masiva, pero a medida que avanza la investigación aparecen más indicios de que en cada eslabón de la cadena hubo incumplimiento de la ley.
Según la investigación en curso, nadie está libre de sospecha. Empezando por la empresa fabricante, en el Delta del Yangtsé, que aseguraba que la mercancía contenía glicerina de 99,5% de pureza, y la primera distribuidora de Beijing; continuando por la intermediaria en Barcelona (Rasfer Internacional), que no comprobó el contenido; para seguir con la importadora panameña (Medicom S.A.), y terminar con las autoridades sanitarias y aduaneras de Panamá, que actualmente se pasan la pelota mutuamente. De momento, los únicos detenidos en todo este escándalo son tres directivos de Medicom, que tendrán que realizar pruebas caligráficas ante peritos de la Policía Técnica Judicial para determinar si sus firmas son las que figuran en los documentos de importación de la glicerina contaminada con dietileno glycol.
