El Gobierno de Berlusconi ultima un decreto para frenar la desconexión de Eluana

"Estamos preparados para intervenir", aseguró ayer el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, refiriéndose al decreto que su Gobierno estudia para evitar la muerte de Eluana Englaro, la mujer italiana de 37 años que permanece desde hace 17 en estado vegetativo. El Ejecutivo de Berlusconi suma así un movimiento más para evitar que se cumpla la sentencia del Tribunal de Apelación de Milán, confirmada por el Supremo, que autoriza a la familia de Eluana a suspenderle la alimentación e hidratación artificial.

La posibilidad que estudia el Gobierno italiano sería la aprobación como decreto urgente de la ley de testamento vital, que estos días se discute en las comisiones parlamentarias. El Pueblo de la Libertad, la formación de Berlusconi, quiere que, en virtud de esa norma, no se pueda renunciar a la alimentación o la hidratación. Ésta es también la postura de la Iglesia católica italiana.

La fiscalía de Udine, donde se encuentra la clínica que acoge a Eluana, ha convocado hoy a los responsables del equipo médico encargado de su desconexión, quienes ya detallaron el "protocolo" que seguirán para evitar posibles denuncias. Según los medios italianos, la apertura de un expediente por parte de la fiscalía es un acto obligatorio para comprobar si el centro médico está capacitado para cumplir la sentencia.

Eluana se encuentra desde el pasado martes en la clínica La Quiete de Udine, atendida por médicos voluntarios que han accedido a desconectarla. En los próximos días los facultativos irán retirando poco a poco la alimentación que la mantiene viva y según su neurólogo, Carlos Alberto De Fanti, la muerte debería llegarle en tres semanas. El propio De Fanti ha dicho hoy que mañana reducirán un 50% la alimentación a Eluana.

El padre de la mujer, Beppino Englaro, declaró el pasado martes que creía inevitable que "la gente vocifere", en alusión a las protestas contra la decisión de dejar morir a su hija por parte de los sectores conservadores y católicos.

El Vaticano ha criticado duramente la decisión y habla de "abominable asesinato". El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán ha pedido al Gobierno que "detenga la mano asesina" y el secretario de Estado de Interior, Alfredo Mantovano, ha asegurado que se trata de "la primera condena a muerte vista en Italia desde 1948".