El honor, la intimidad, la propia imagen y ... la Red
Como el honor, la intimidad o la propia imagen, Bruselas encuadra la protección de los datos personales dentro del capítulo de los derechos fundamentales. La sociedad de la información ha generado sofisticados mecanismos para escudriñar en la vida de los ciudadanos y sacar a la luz datos que en la era analógica permanecían casi en tinieblas. "La revolución tecnológica e Internet han abierto una nueva realidad en la que se necesita refundar el derecho a la protección de datos", sostiene el director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo.
Para el Tribunal Constitucional está claro que la protección de datos es un derecho fundamental. Una sentencia de 2000 resolvió que su campo de cobertura era más amplio que el derecho a la intimidad porque abarca también el "respeto de la dignidad personal". Ya en el debate parlamentario de la Constitución de 1978 se vio que los derechos a la intimidad y el honor no ofrecían garantías suficientes frente a las amenazas que el uso de la informática podía entrañar para la protección de la vida privada. "La Constitución tuvo el buen tino de hacer una referencia a limitar el uso de la informática para garantizar derechos fundamentales", apunta Rallo.
"Una futura legislación podría incorporar la necesidad de que las administraciones de las webs se doten de medidas informáticas", explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra Marc Carrillo. Y considera que a la Agencia de Protección de Datos estatal y sus homólogas autonómicas (Cataluña, Madrid), como "entes administrativos reguladores del habeas data, les correspondería ejercer la garantía de los derechos eventualmente lesionados".
En estos tiempos, en los que Google puede bloquear accesos en China, un país de 1.330 millones de habitantes, no hay excusa para que en Internet se pueda cancelar una información de una página web, borrar una fotografía publicada en una red social o retirar un vídeo de YouTube. "Hay datos que se pueden y se deben borrar", dice tajante Rallo mientras reclama una actitud más comprometida por parte de los grandes servidores de Internet para desarrollar herramientas tecnológicas que garanticen el derecho al olvido de manera más viable. Recela de la autorregulación. "No ha sido la mejor opción", dice.
